Lapidario informe sobre respeto a los Derechos Humanos en Chile

El director del estudio, Nicolás Espejo, aseguró que las políticas públicas que la Concertación ha desarrollado en torno a este tema son insuficientes y demuestran una falta de interés para resolver las deficiencias.

19 de Agosto de 2008 | 13:09 | Renata Robbio, El Mercurio Online

SANTIAGO.- Plan Auge, condiciones carcelarias, estado de los pueblos originarios, justicia militar y medio ambiente son sólo algunos de los capítulos más criticados en materia de Derechos Humanos (DD.HH), según el informe anual del centro de Derechos Humanos de la universidad Diego Portales.


El director ejecutivo del Centro, Nicolás Espejo, aseguró que las políticas públicas y la legislación que los gobiernos de la Concertación han desarrollado en torno a los DD.HH son insuficientes y demuestran una falta de interés de los actores para contribuir en esta materia.


“Eso se nota porque cuando incentivan políticas públicas para DD.HH, normalmente los problemas de implementación tienen impacto directo en los derechos y eso apunta a una falta de coordinación, más allá de las buenas intenciones”, dijo Espejo.


El Plan Auge, la Reforma Penal Adolescente (RPA) y la condición de los pueblos originarios –materias emblemáticas de los gobiernos concertacionistas- son tres de los aspectos peores evaluados por el estudio.


Según el documento, el Auge no cumple su promesa de cobertura, ya que ésta discrimina por aspectos económicos, edad y lugar de residencia.


Un claro ejemplo de ello es el incumplimiento de la garantía para las mujeres de acceder a un parto sin dolor, según cifras del informe, sólo el 30% de las afectadas puede hacerlo.


“En la mayoría de las ciudades del país, no existen los recursos físicos y humanos necesarios para cumplir esta promesa y eso lo sabían las autoridades al momento de incorporar la anestesia al parto”, dijo la abogada y responsable del capítulo sobre derechos de salud y Plan Auge, Alejandra Zúñiga.


El abogado a cargo del capítulo sobre condiciones carcelarias, Álvaro Morales, recalcó que: “El sistema penitenciario está en crisis”. Según el informe, ésta se traduce en tres aspectos: hacinamiento, incluso en cárceles nuevas; denuncias de torturas en distintos centros del país; y falta de protección judicial para los internos.


Sobre el cumplimiento de los objetivos de la RPA, Espejo, planteó que el gobierno había sufrido un fracaso frente a este tema.


“Los centros de privación del Sename son la derrota de una reforma que se planteó con expectativas importantes. De acuerdo a las condiciones de estos recintos, la reforma ha resultado completamente inefectiva”, sentenció Espejo.


Además aseveró que en los recintos privativos de libertad de adolescentes, se han observado las mismas deficiencias que en los de adultos y que una de las más graves es la falta de educación, ya que “en definitiva, ésta es la que garantiza el cumplimiento el objetivo de la RPA”.


Referente a las condiciones de los pueblos originarios, el informe denuncia que las instituciones legales, judiciales y administrativas –incluyendo la policía- incurren en diversas violaciones a los DD.HH de estos grupos.


Lo anterior se refleja en el deficiente, modelo de reconocimiento constitucional de los indígenas en Chile, prácticas de violencia y hostigamiento en contra de estas comunidades y el constante crecimiento de denuncias internacionales contra el país en esta materia.

Otros de los capítulos tratados en el informe tienen que ver con el acceso a la justicia, las protestas sociales y el derecho a huelga. Estos dos últimos fueron incorporados de manera inédita en el informe.

Sobre el acceso a la justicia, el documento revela una “preocupante” situación cde las Corporaciones de Asistencia, Judicial (CAJ), ya asegura que cuentan con un presupuesto insuficiente y una estructura organizacional asentada en egresados de derecho, que realizan su práctica profesional.

Respecto a las protestas sociales, el documento afirma que el gobierno “mantiene, justifica y defiende” los altos e intensos niveles de represión policial. En tanto, por el derecho a huelga, asegura que Chile mantiene una legislación restrictiva de este aspecto.

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