Senado español aprueba polémica normativa que regula las descargas en internet

La "Ley Sinde" creará una Comisión de Propiedad Intelectual que podrá tramitar denuncias y proponer al juez el cierre de webs que sirvan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor.

09 de Febrero de 2011 | 16:40 | DPA

MADRID.- El Senado español aprobó hoy la controvertida normativa antidescargas para luchar contra la piratería en internet, que permitirá bajo autorización judicial el cierre de webs de descargas de música, películas, videojuegos o software sujetos derechos de autor.


El texto, conocido popularmente como "Ley Sinde" por el apellido de su impulsora, la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, fue apoyado por la mayoría de los grupos parlamentarios en el Senado y ahora pasará al Congreso de los Diputados, donde será refrendada definitivamente en cuatro semanas.


La entrada en vigor de la polémica normativa, prevista para el verano español, será posible gracias a un acuerdo entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy y los nacionalistas catalanes de Convergncia i Unió (CiU), logrado después de que la norma fuera tumbada en diciembre en la Cámara baja.


La normativa ha enfrentado a los internautas con la industria cultural. El presidente de la Academia del Cine español, el director Álex de la Iglesia, que trató de mediar entre unos y otros durante la redacción del texto, dimitirá del cargo en el transcurso de los próximos tres meses por su desacuerdo con la versión definitiva del mismo.


La "Ley Sinde" creará una Comisión de Propiedad Intelectual que podrá tramitar denuncias y proponer al juez el cierre de webs que sirvan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor.


Ese cierre podrá materializarse en un plazo de entre 15 y 17 días.


Los cambios respecto al texto rechazado en diciembre en el Congreso de los Diputados son pocos.


El juez tendrá que autorizar el cierre de páginas, pero también ubicar a las infractoras, una vez lo pida la comisión.


Los socialistas, el PP y CiU hablan de ello como un refuerzo de las garantías judiciales.


El otro factor que permitió el acuerdo político fue el compromiso del gobierno de modificar el llamado canon digital, una tasa sobre aparatos con memoria que pueden ser soporte de material protegido por derechos de autor en vigor desde 2008.

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