Los fabricantes de autos Citroën y Peugeot fueron imputados esta semana en Francia, después de Volkswagen y Renault, como resultado de la investigación que se realiza en ese país por el fraude en los controles anticontaminación de las antiguas generaciones de motores diésel, escándalo conocido a nivel mundial como Dieselgate.
Así lo confirmó el grupo Stellantis, propietario de ambas marcas automotrices, oportunidad donde se indicó que tanto Peugeot como Citroën han sido imputados por los magistrados instructores "por acusaciones de fraude sobre la venta de vehículos diésel Euro 5 que tuvo lugar en Francia entre 2009 y 2015".
En el caso de Citroën se dispuso que pague una fianza de 8 millones de euros (9,7 millones de dólares). De ellos, 6 millones serán para el eventual pago de daños y multas, y además deberá aportar una garantía bancaria de 25 millones de euros (30,4 millones de dólares) "para indemnizar los eventuales perjuicios", detalló el conglomerado.
Por su parte, Peugeot se vio obligado a pagar una "fianza" por valor de 10 millones de euros (12 millones de dólares), incluidos 8 millones de euros (9 millones de dólares) por el posible pago de indemnizaciones y multas, y a presentar una garantía bancaria de 30 millones de euros (36 millones de dólares) "para indemnizar los posibles perjuicios".
Estellantis informó en un comunicado que ambas empresas están evaluando la regularidad de estas medidas y la posibilidad de impugnar la resolución.
La marca Fiat-Chrysler, también parte del conglomerado nacida de la alianza entre los grupos FCA y PSA, no se salva de la investigación judicial y sus representantes fueron citados por los tribunales durante el próximo mes de julio.
Un informe de la DGCCRF (Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude) transmitido a la justicia en febrero de 2017 mencionó una "estrategia global destinada a fabricar motores fraudulentos, y después a comercializarlos".
Según los investigadores, el grupo PSA (Peugeot-Citroën) vendió 1,9 millones de vehículos de la generación Euro5 (vigente hasta 2015) con motores fraudulentos, hechos que podrían ser punibles con hasta 5.000 millones de euros (6.000 millones de dólares).
Una suma muy elevada pero cuatro veces menor a la multa máxima de 19.700 millones de euros que puede recibir el grupo Volkswagen, el primer grupo implicado en este escándalo que desencadenó acciones legales en muchos países.
"Nuestras filiales están firmemente convencidas de que sus sistemas de control de emisiones cumplían todos los requisitos aplicables en ese momento y los siguen respetando hasta hoy en día, y esperan con impaciencia la ocasión de demostrarlo", aseguró esta semana el grupo automotriz.
