Finalmente México oficializó, mediante un decreto presidencial, la orden de regularizar millones de autos usados ingresados irregularmente desde Estados Unidos, disposición que fue calificada como una "legalización del contrabando automotor" por ese sector económico.
El acuerdo -publicado en el Diario Oficial vespertino de ayer lunes- instruye a las autoridades a elaborar un plan para incentivar a los residentes de los estados Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas a legalizar sus vehículos de procedencia extranjera.
El fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto durante una visita a la norteña ciudad de Ensenada, en Baja California.
Allí, la secretaria de Seguridad, Rosa Rodríguez, dijo que solo en ese estado circulan más de 500 mil de estos automóviles que, agregó, son los más usados para cometer delitos y que, por lo tanto, el programa ayudará a identificar a varios millones de unidades de este tipo que habría en el país.
La Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), que prevé caídas de más de un 30% en las ventas por la medida, señaló que el decreto "será un premio a las mafias criminales y la burocracia corrupta". Exhortó al mandatario "a instrumentar políticas públicas para solucionar de raíz" este fenómeno.
"Es una decisión equivocada la regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando (...) Tendrá un impacto tanto en lo económico, como en lo concerniente a la contaminación ambiental y al riesgo a la seguridad de las vidas de las personas", dijo el martes su director general, Guillermo Rosales, a la emisora local MVS Noticias.
La AMDA propone, entre otras acciones, "tolerancia cero" al tráfico vehicular a través de los puertos fronterizos, cumplir con la prohibición existente al contrabando automotriz y refundar un registro público vehicular con una mayor asignación de recursos en el presupuesto.
López Obrador señaló que quienes regularicen sus automóviles deberán dar una "cooperación" de 2,500 pesos que, según él, no se considerarán impuestos ni derechos, se quedarán en las regiones y se usarán para tareas de pavimentación.
