Funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea establecerán formalmente una mesa de conversaciones a partir de la próxima semana para discutir los alcances de la "Ley de Reducción de la Inflación", apoyada por la administración Biden y aprobada en agosto pasado, ya que el cuerpo legal ha sido considerado como discriminatorio para los fabricante extranjeros de vehículos eléctricos.
En la normativa se asignan 430 mil millones de dólares para potenciar los esfuerzos de Estados Unidos en materia ambiental y, de paso, apalancar su industria automotriz para que sea líder en la transición a la electromovilidad.
Esto debido a que parte importante de los recursos serán destinados a subvencionar la adquisición de modelos cero emisiones, siempre y cuando estos sean ensamblados en América del Norte. Todos los demás ejemplares eléctricos provenientes de plantas extranjeras quedan fuera de estos beneficios, es decir alrededor de un 75% de los modelos que actualmente se comercializan en ese mercado según algunas proyecciones.
La norma es aún más estricta, ya que también exige que un porcentaje de los minerales críticos utilizados en las baterías de esos automóviles provengan de Estados Unidos o de un socio estadounidense de libre comercio.
En ese contexto, el asesor adjunto de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Mike Pyle, acordó lanzar un grupo de trabajo sobre el tema durante una reunión con el jefe de gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Bjoern Seibert, según la portavoz de la Casa Blanca, Adrienne Watson.
El grupo de trabajo "promoverá una comprensión más profunda" sobre las "oportunidades y preocupaciones para los productores de la UE", dijo Watson, y se produce después de reuniones de alto nivel entre funcionarios de la administración de Biden y países aliados enojados por la nueva ley.
