Países Bajos es considerado un verdadero paraíso para quienes andan en bicicleta, pero la masificación de los modelos eléctricos ha encendido las alarmas de las autoridades locales debido a un fuerte aumento de los accidentes debido al mal uso que se da a estos vehículos, al punto que se ha dispuesto un aumento en los controles policiales.
En el año 2022 el país europeo registró el mayor número de accidentes mortales de bicicletas en su historia, siniestralidad que se explica en parte al uso de bicicletas que han sido modificadas ilegalmente para aumentar su velocidad de desplazamiento.
Para hacer frente a esta situación, la policía de Países Bajos decidió adquirir 247 bancos de potencia portátiles que permitirán controlar estos vehículos y sacar de circulación a los que no cumplan con la normativa vigente.
En líneas generales, existen dos tipos de bicicletas eléctricas que son denominadas e-Bike y Speed Pedelec. En ambos casos montan un motor eléctrico que brinda asistencia mientras se pedalea.
La diferencia entre ambas radica en la potencia del motor y la asistencia al pedaleo. Mientras las Speed Pedelec pueden llegar hasta un máximo de 45 km/h, las e-Bike alcanzan sólo los 25 km/h.
Pese a este rendimiento, no pocos ciclistas de Países Bajos han optado por manipular ilegalmente estos vehículos para incrementar considerablemente su velocidad de desplazamiento, poniendo en riesgo su seguridad.
Para detectar y retirar de circulación estos vehículos, la policía se equipó con nuevos bancos de pruebas capaces de verificar la velocidad de los ciclomotores y bicicletas eléctricas.
Estos dispositivos, mediante correas tensoras, sujetan los vehículos al banco de pruebas, y un agente de policía pedalea en ellos hasta que cesa la asistencia del pedaleo.
Pero eso no es todo, ya que quien sea sorprendido conduciendo un ejemplar modificado también se enfrenta a una multa de 290 euros, y en caso de ser reincidente se le puede confiscar la bicicleta.
En países como Francia la sanción es aún peor, ya que desde 2021 está tajantemente prohibido aumentar la potencia del motor para superar los límites de velocidad establecidos y de hacerlo la persona puede ser condenada a pagar hasta 30.000 euros y un año de cárcel.
