"Sería un verdadero cataclismo": Organizaciones culturales en alerta por eventual modificación a la ley de donaciones

Hasta antes de la pandemia, el Museo de Arte Precolombino obtenía el 40% de sus ingresos exclusivamente de la venta de entradas, que son ocho veces más caras para extranjeros que para chilenos. Al año, eran cerca de $400 millones los que recibían por las visitas al recinto. Pero eso, desde que llegó el virus, se redujo a cero. Ahora, explica el director de su consejo Carlos Aldunate, lo único que los mantiene a flote es la ley de donaciones culturales, conocida popularmente como Ley Valdés. "Si se nos viene abajo, no solo no salimos de la pandemia sino que tampoco podemos sostener el museo en el futuro", dice.

Lo menciona porque es el temor que recorre a todas las organizaciones culturales hoy por hoy. Desde el año pasado, Hacienda viene reuniéndose con algunos actores culturales y centros de estudios para analizar una modificación a la legislación existente en materia de donaciones. En esas conversaciones ha participado la Mesa Circular, una agrupación integrada por organizaciones de la sociedad civil que coordina Ignacio Grez.

Lo que saben por esas citas el que la cartera podría presentar en mayo un proyecto para abordar este tópico que viene discutiéndose hace años. "Por toda la presión que hemos hecho para que presenten algo, finalmente quieren presentar —y están a punto de hacerlo— algo que nadie quiere, y que es fatal porque le pega muy fuerte al mundo cultural", explica Grez.

La idea del Gobierno es hacer una reforma estructural para aunar en una sola ley todos los articulados referentes a donaciones e implica derogar la actual Ley Valdés. "Es bien ambiciosa y no va a tomar menos de cinco años", advierte Grez. Dice, además, que la propuesta "nivela para abajo" porque "deroga la ley más emblemática en el área, la que permitió el desarrollo de la filantropía". "Las principales formas en las que se apoya el arte y la cultura por parte del Estado son la provisión pública, por ejemplo con museos públicos; el apoyo fiscal directo a través de subvenciones; y el apoyo fiscal indirecto en la forma de franquicias tributarias", explica. "El rol de este último ha sido determinante para el desarrollo de la cultura y eliminarlo sería un contrasentido con la política cultural que ha establecido el Estado chileno".

"Hay todo un ecosistema cultural que depende de esto y que se va a ver muy afectado: si se deroga la ley, los ingresos de las fundaciones que reciben fondos por estas vías van a bajar un 43%. Es un proyecto de reforma estructural a largo plazo que hipoteca el presente de las organizaciones que necesitan medidas que vayan en su auxilio en este minuto", dice.

Cuando era senador, Gabriel Valdés (DC) tomó la iniciativa para crear una ley que estimulara la participación de los privados en el financiamiento de proyectos artísticos y culturales a través de la exención tributaria. Por eso la ley tomó su apellido. En ella se establece que, a cambio de las donaciones, las entidades pueden imputar un crédito contra el impuesto a la renta equivalente al 50%. Desde 1990 a la fecha, se ha convertido en un mecanismo fundamental para sostener algunos de los más emblemáticos proyectos culturales chilenos.

"Una de las donaciones más importantes que se le han dado a la cultura en Chile ha sido la que nos dio a nosotros BHP Billiton: 17 millones de dólares, con los cuales pudimos ampliar el museo en un 50% y crear una sala nueva", cuenta el director del Museo Precolombino. En el recinto, el financiamiento para todas las exposiciones provienen de la Ley Valdés. "No tenemos fondos como para hacer cosas que vayan más allá de los gastos ordinarios. Eso en periodos buenos, porque en pandemia no podemos ni siquiera hacer eso", explica.

"Esto para nosotros sería un verdadero cataclismo, porque estamos muy frágiles y debilitados por la pandemia. Nuestra única esperanza son las donaciones privadas para salir de este difícil momento. Hasta ahora nos ha ido bien, probablemente podemos mantenernos y salir de este año, pero el próximo tenemos también un tremendo hoyo", comenta.

A través de la Ley de Presupuestos, el Precolombino recibe algo de financiamiento. "Pero eso es una cosa muy pequeña, que junto con lo que recibimos de la Municipalidad de Santiago alcanza a financiar la mitad de nuestros gastos ordinarios. Incluso para eso tenemos que funcionar con las entradas y con la Ley Valdés. Ahora que las entradas se suprimieron, solo la Ley Valdés nos mantiene, nada más. Es una cosa tremendamente grave lo que nos está pasando. Es como la guillotina final", dice.

En cambio, la propuesta de la Mesa Circular es más corta: no alterar el abanico legal referente a donaciones sino que solamente reformar algunos puntos de la Ley de Rentas Municipales, con el fin de incluir organizaciones que hoy no reciben financiamiento —como las medioambientales, de pueblos originarios y salud—, cambiar la lógica de topes para ampliar la base de donantes, incorporar la donación de especies en perfecto estado —actualmente solo se pueden donar bienes no comercializables— y dar certeza jurídica al donante de buena fe.

La discusión se da en un momento especial: en octubre pasado, el entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, convocó a un grupo de 18 economistas para participar en una Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad, donde se analizó, entre otras cosas, la pertinencia de mantener, modificar o eliminar las exenciones tributarias o regímenes especiales existentes. El trabajo partió del reporte que realizaron conjuntamente el FMI y la OCDE para analizar la metodología de determinación del gasto tributario en Chile.

La recomendación de la comisión fue "unificar las leyes de donación" debido a que "el sistema tributario chileno en materia de donaciones se caracteriza por una gran dispersión normativa, diferentes procedimientos e incentivos tributarios, superposición de fines, entre otros problemas", concluyeron. "La práctica común de los países de la OCDE es otorgar a las empresas exclusivamente la rebaja del monto donado de la base imponible como incentivo tributario", añadieron.

Conscientes del contexto, desde la Mesa Circular explican que esta es la única vía que tienen para subsistir. "Hay exenciones que se tienen que eliminar y hay otras que no. Esta es una exención que tiene un sentido social, una externalidad positiva", defiende Grez. "Existe una exención al diesel, que contamina. Lo que nosotros decimos es: en este contexto en que se están revisando las exenciones y va a entrar una propuesta de eliminación, esto no es una exención que cabe en la categoría a eliminar".

Lo mismo dice Aldunate desde el Museo Precolombino. "El Teatro Municipal, el Centro Cultural Palacio La Moneda, el GAM, Matucana 100, el Parque Cultural de Valparaíso, el Teatro del Biobío, todas somos organizaciones muy bien formadas y muy responsables además, que tenemos una larga trayectoria y un saber hacer muy importante. Estamos todos en Transparencia y esto te hace pensar en lo importante que es la financiación público-privada de estas instituciones", explica.

"Prestamos un servicio público y el Estado a nosotros solamente nos pone alrededor de un 28% de todo nuestro presupuesto. Ese 28%, junto a las donaciones privadas y las entradas, nos da pie para hacer una cosa realmente extraordinaria. Llevamos 40 años con este sistema, es un sistema que existe, y sería un disparate desarmar una cosa que después no se va a poder armar porque las instituciones van a fallecer. Ni siquiera es desvestir un santo para vestir otro: es, de frentón, empiluchar al santo inmediatamente", cierra.