Paro de funcionarios de Patrimonio Cultural continúa tras 33 días: Los nudos que dificultan llegar a un acuerdo

En concreto se trata de trabajadores agrupados en Anfupatrimonio y Anatrap, y su movilización ha significado la suspensión de la atención al público en 27 recintos a lo largo de todo el país, entre ellos museos, bibliotecas y programas como Bibliometro, Biblioredes y la Biblioteca Pública Digital.

Respecto a las demandas de los trabajadores, estas se relacionarían a "promesas incumplidas", falta de presupuesto y precarización laboral a nivel nacional.

En ese sentido, tanto los sindicatos como las autoridades dependientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y asesores de la Dirección de Presupuesto (Dipres) han mantenido diferentes conversaciones para poder llegar a un acuerdo. De esta manera, desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural les hicieron llegar una propuesta que consiste en "el financiamiento de mejoras para 156 funcionarias y funcionarios", según señaló la directora del Serpat (Servicio Nacional del Patrimonio Cultural), Nélida Pozo Kudo.

Sin embargo, todas las medidas se implementarán de forma gradual, lo que tanto Anatrap como Anfupatrimonio califican como "insuficiente". Además, decidieron mantener la paralización luego de que la Dipres rechazara la semana pasada agregar en el presupuesto de 2024 una partida de $250 millones para mejorar las condiciones de los trabajadores.

Los nudos que dificultan llegar a un acuerdo

"Son 250 millones los que nosotros estamos pidiendo hoy día para resolver la situación de los más precarizados, y ellos nos ponen una cifra mucho menor, donde nos bajan la cantidad de beneficiarios. Ellos hablan de 156 y nosotros de un poco más de 170, y también nos llevan a una gradualidad de cuatro años. Esto significa resolver las brechas de a un grado cada año. Además nos genera desconfianza porque no es un incremento en el presupuesto, sino que se va a hacer un ahorro", señaló Isabel Cortés, vicepresidenta nacional Anfupatrimonio.

Para Cortés, las confianzas están quebradas ya que, "durante la administración de la ministra Julieta Brodsky se pactaron algunos compromisos, que no se están cumpliendo. Terminamos el año presupuestario en noviembre en la misma situación en la que estamos hoy día. Entonces, repetir la misma historia, que ahí nos dijeron, que este año se iba a resolver con redistribución del presupuesto, pero llegamos a lo mismo".

Por su parte, Tania González, presidenta de Anatrap, señaló que "nosotros no hemos tenido ninguna instancia de negociación con Dipres de manera directa. Aquí lo que hubo fue una iniciativa de plan de mejoramiento institucional, que fue trabajado con nosotros de manera colaborativa. Este plan de mejoramiento iba a beneficiar a 276 personas del servicio con un mecanismo de mejoramiento de dos grados, pero la Dipres disminuyó el universo de trabajadores y trabajadoras a ser beneficiados".

Asimismo, indicó que "también se disminuyeron las condiciones y que no hay un criterio de discriminación, porque a algunos del mismo estamento les proponen una mejora de dos grados y a otros solo de uno, lo que es discriminatorio. Esto es inaceptable, porque para personas que cumplen las mismas funciones, no les podemos dar a algunos más y a otros menos".

Sin embargo, este sindicato también critica que "se puso una indicación para mover y cuestionar la pertinencia de que este programa esté en el servicio que está y pueda ser quizá eventualmente movido hacia el Ministerio de Justicia. Esto es lo que se plantea. Y ahí, obviamente, quedó la embarrada. Nosotros lo vemos como un intento de desmantelar una institucionalidad que hoy día está en pleno proceso de implementación".

En ese sentido, la directora del Serpat Nélida Pozo Kudo señaló que "con la dictación de la Ley Nº21.045 se cristalizó el anhelo de ordenar institucionalmente a nuestro sector, el que tenía una gestión altamente inorgánica y repartido en distintas instituciones. Lo anterior implicó que la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el Consejo de Monumentos Nacionales, y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se incorporaran a una nueva institucionalidad cultural, artística y patrimonial".

Frente a esta situación, Pozo reconoció que este traspaso no ha estado exento de dificultades y que en parte corresponde al "origen de los problemas con que nos hemos encontrado". "Cuando asumí la Dirección del Serpat, la implementación carecía de un plan estratégico, no contaba con un avance significativo en materia de encasillamiento y contrataciones, y se mantenían las brechas entre las y los trabajadores", detalló.

Y continuó: "En 2022, luego de 5 años de la creación del Servicio, el proceso de implementación de las direcciones regionales contaba con tan solo un 35% de avance, pese a que el proceso debía estar terminado. Además, recién en 2022 se repuso el informe financiero y se inició aquello que debió acontecer durante los cuatro años de la administración anterior: cumplir con el mandato legal y sacar adelante la tarea de implementar al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural".

Frente a este escenario de negociaciones sin resultados, los trabajadores quieren tocar una última puerta: tienen la esperanza de que en las últimas discusiones del presupuesto 2024, pueda incluirse una indicación para sumar los 250 millones que solicitan. Esto porque en la Comisión Mixta del Congreso se trataron partidas presupuestarias de Culturas relacionados a los sitios de memoria, a los que inicialmente se les rechazó el presupuesto.

En este sentido, ambos sindicatos señalaron que las paralizaciones se mantendrán hasta poder llegar a un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Culturas. Además desde Anatrap, comentaron el impacto que esta situación ha generado en la comunidad. "No estamos contentos tampoco, pero lamentablemente es parte de los costos", dijeron.

Asimismo desde el SNP, esperan poder llegar a un acuerdo lo antes posible, "para resolver las mejoras y retomar las atenciones al público de todos nuestros espacios".