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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 09:14
BRASILIA.- El Tribunal de Cuentas (TCU) de Brasil abrió una investigación para determinar si el gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff también realizó maniobras contables ilícitas en 2015, tal como fue comprobado para el año 2014, informaron hoy medios locales.
La práctica, conocida como "ruedas fiscales", llevó al TCU a reprobar la semana pasada las cuentas del gobierno relativas a 2014 y a recomendar al Congreso hacer lo mismo.
Si el Legislativo acoge la sugerencia, la presidenta puede ser despojada del cargo por violar la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Según informó el portal del diario "O Globo", el magistrado del TCU Raimundo Carreiro acogió un dictamen del Ministério Público (Fiscalía) de Cuentas, que encontró indicios de que las maniobras continúan este año.
Las "ruedas fiscales" consisten, básicamente, en que el Tesoro retrasa las transferencias de fondos a los bancos públicos destinados a pagar a los beneficiarios de programas sociales. Los bancos pagan en tiempo y forma, lo que configura un préstamo al Estado que está expresamente prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El informe entregado por el fiscal Júlio Marcelo de Oliveira, relator del proceso sobre las cuentas de 2015, indica que el gobierno ya retrasó pagos por unos 40.000 millones de reales (unos 10.500 millones de dólares) en lo que va del año. El monto superaría todo lo retenido a través de esta práctica en todo 2014.
"Se verifica que continúan siendo practicados por la Unión (gobierno central) en el presente ejercicio financiero actos de la misma naturaleza de aquellos ya examinados y reprobado (por el TCU), o sea, operaciones de crédito vedadas por la Ley de Responsabilidad Fiscal", indicó Oliveira en el despacho enviado a Carreiro.
El hecho de que este año se repitan las maniobras puede ser fatal para el gobierno de Rousseff.
Cuando la semana pasada el TCU recomendó al Congreso reprobar los balances de 2014, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, dijo que a su entender no se puede procesar a un presidente de la República por prácticas vinculadas a gobiernos anteriores.
Por otra parte, la oposición, que ha presentado varios pedidos de apertura de juicio político contra Rousseff en base precisamente a las ruedas fiscales, registró hoy un nuevo pedido incluyendo la denuncia de que las mismas continúan en el presente gobierno de Rousseff.
Para realizar este nuevo pedido, los defensores de la destitución de la presidenta pidieron a Cunha que suspendiera el análisis del pedido original, que sólo se basaba en las irregularidades detectadas en las cuentas de 2014.
En su calidad de presidente de la Cámara Baja, Cunha tiene la potestad de habilitar o archivar los pedidos de apertura de juicio contra Rousseff.
En su escrito, el fiscal Oliveira criticó que el gobierno no haya abandonado las maniobras después de que el TCU las declarara ilegales en abril y rechazara la semana pasada por esa causa los balances de 2014.
"El gestor prudente, ante tan clara y categórica indicación de ilegalidad de una conducta por parte de la Corte de Cuentas, debe promover de inmediato todas las medidas a su alcance para la restauración de la legalidad en el ámbito de la administración para el exacto cumplimiento de la ley", opinó.
La nueva auditoría no tiene fecha de conclusión. De confirmarse que persisten las irregularidades, todos los integrantes del equipo económico del gobierno, además de Rousseff, pueden verse afectados.
