SANTIAGO.- Hace un año, Alberto Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza y tirado en el baño de su casa, en Puerto Madero, un distinguido barrio de Buenos Aires.
En la víspera del aniversario de su deceso, el caso sigue sin resolverse: si fue un suicidio o un asesinato, es la interrogante que buscará resolver la nueva línea investigativa que impulsa desde este viernes la fiscalía trasandina.
Luego de que la fiscal a cargo de las indagaciones, Viviana Fein, fuera removida del puesto tras ser cuestionada por la falta de avances en el proceso, la jueza Fabiana Palmaghini, quien asumió la investigación, expandió la búsqueda y solicitó una serie de archivos sobre funcionarios gubernamentales involucrados en el hecho.
Archivos desclasificados
Siguiendo la solicitud del nuevo proceso, el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, ordenó desclasificar toda la información relativa a Nisman desde septiembre de 2012 hasta la fecha.
Asimismo, levantó el secreto a todos los agentes y ex agentes de los servicios de inteligencia trasandinos que hayan accedido a información clasificada y que fueran citados a declarar.
Ese fue el caso de los dos policías federales que tenían asignado el resguardo de Nisman en su edificio el 18 de enero de 2015. Según informaron medios argentinos, ambos fueron convocados a prestar declaración y acusados del presunto delito de "incumplimiento de deberes". Aquel día, los agentes no ingresaron al departamento del fiscal cuando se percataron de que éste no contestaba su teléfono.
Del mismo modo fue llamado uno de los testigos clave del caso: el ex jefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia trasandina, Antonio "Jaime" Stiuso, quien se encuentra sin paradero conocido desde que declaró en febrero del año pasado. Su abogado aseguró que permanece en el extranjero por miedo a su seguridad.
El caso AMIA
Para la familia, la muerte del fiscal que causó gran conmoción y revuelo mediático en la sociedad argentina, fue un asesinato o "lo ayudaron a matarse".
El 19 de enero, Alberto Nisman presentaría en el Congreso una dura denuncia contra la entonces Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y su canciller. El abogado aseguraba que el Gobierno estaba encubriendo a responsables iraníes del atentado contra la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994 y que terminó con 85 víctimas fatales y 300 heridos, caso que él investigaba hace 10 años.
Un día antes de su comparecencia fue encontrado muerto en su departamento de lujo y bajo su cuerpo una pistola que había pedido prestada a un colaborador. La familia sostiene que hubo acciones de terceros, pero los peritos oficiales afirmaron que no existen pruebas concluyentes y descartaron la presencia una persona en el baño del abogado.
Las acusaciones en contra de la ex Mandataria y su secretario de Estado fueron cuestionadas por falta de pruebas que los vincularan al caso y la Justicia, finalmente, las desestimó por "inexistencia del delito".
Sin embargo, tras ser archivada en mayo de 2015, la jueza Palmaghini sostuvo que dicha investigación será retomada en el marco de las nuevas indagaciones.
