Cárcel La Modelo, en Bogotá, Colombia.
EFE
La fiscal Caterina Heyck Puyana, directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas de Colombia, declaró que al menos 100 personas fueron desmembradas y luego arrojadas a las cañerías de la cárcel en ese periodo de tiempo.
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos espera que la investigación que adelanta la Fiscalía continúe su curso con debida diligencia hasta esclarecer todo lo ocurrido, de manera que la justicia pueda establecer responsabilidades y sancionar a los responsables", expresó la CIDH en un comunicado.
Heyck Puyana indicó que el número total de víctimas puede ser un número "bastante superior" a 100, e incluiría a presos de esa cárcel y sus familiares, así como personas ajenas al penal, mientras que la Fiscalía también investiga si se dieron casos similares en las cárceles de Bucaramanga, Popayán y Barranquilla.
"Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que podrían ser responsables por acción u omisión", añadió la Comisión.
Los hechos tuvieron lugar en una época en que las propias autoridades reconocían que el penal, uno de los centros penitenciarios con mayores problemas de hacinamiento en Colombia, estaba controlado por los reos, quienes estaban armados dentro de las instalaciones.
La Fiscalía informó de que las desapariciones en esta cárcel se habrían dado en el patio que estaba controlado por el ex paramilitar Mario Jaimes Mejía, conocido como "El Panadero".
Asimismo, la CIDH urgió al Estado de Colombia a que adopte "todas las medidas necesarias para prevenir la repetición de hechos similares, en particular la implementación de acciones para adecuar las condiciones de detención de la cárcel La Modelo y otros centros de reclusión a los estándares internacionales y para garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad".
En su opinión, "el Estado debe, como medidas fundamentales, garantizar y mantener la seguridad interna de los centros penales y controlar el ingreso de armas y de sustancias ilícitas, así como la circulación de dinero dentro de las cárceles".
"Además, debe buscar mecanismos para reducir el hacinamiento y la superpoblación en las cárceles" agregó.
