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Mercosur decide no aplicar la cláusula democrática a Brasil por juicio a Rousseff

Según explicó el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, se cumplieron los requisitos constitucionales, por lo que no amerita tomar esta decisión.

13 de Mayo de 2016 | 11:35 | DPA
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"Se cumplieron los requisitos constitucionales para el proceso, por lo que Uruguay tampoco se expresará", dijo el canciller Rodolfo Nin Novoa.

El Mercurio (Archivo)
MONTEVIDEO.- El Mercosur no aplicará la cláusula democrática a Brasil por el inicio del juicio político a su Presidenta, Dilma Rousseff, afirmó en Montevideo el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.

Según el jefe de la diplomacia uruguaya, cuyo país ejerce la presidencia pro témpore del Mercosur, "se cumplieron los requisitos constitucionales para el proceso, por lo que Uruguay tampoco se expresará".

El senador José Mujica, que fue Mandatario de Uruguay entre 2010 y 2015, opinó que desde el punto de vista legal se podría recurrir a la clásusula democrática, pero cree que Argentina y Paraguay estarían en contra.

"Desde el punto de vista práctico, nos multiplicaría las tensiones internas", comentó Mujica en declaraciones efectuadas hoy a la radio pública uruguaya.

La cláusula democrática del Mercosur fue consagrada en 1998 y está incluida en el llamado Protocolo de Ushuaia. Establece la posibilidad de suspender a un país socio del bloque y hasta aplicarle sanciones comerciales o el cierre de fronteras en caso de ruptura del orden democrático.

En el año 2012 se aplicó esa cláusula a Paraguay cuando fue destituido el entonces Presidente constitucional Fernando Lugo, mediante un juicio político impulsado por el Congreso Nacional, dominado por la oposición "colorada" y sus aliados liberales.

Durante la campaña electoral en Argentina, el ahora Presidente, Mauricio Macri, amenazó con recurrir a ese instrumento para sancionar a Venezuela, pero al llegar al gobierno desistió.

La Presidenta Dilma Rousseff fue separada del cargo por el Senado de su país para ser sometida a un juicio político por supuestamente haber practicado maniobras contables que permitieron maquillar el estado de las cuentas públicas y por haber abierto créditos extraordinarios sin pedir aval del Congreso.
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