ASUNCIÓN.- El tribunal que juzga la masacre de Curuguaty en Paraguay, que en 2012 causó la muerte de 17 personas y el cese del presidente Fernando Lugo, consideró probada hoy la teoría fiscal sobre el caso, según la cual 70 campesinos emboscaron a los más de 300 policías de elite que acudieron a desalojarlos.
Los jueces dieron lectura íntegra a la sentencia por este caso, por la que el pasado lunes los once campesinos acusados fueron condenados a penas de entre 4 y 30 años de prisión.
Los hechos se refieren al operativo que varios centenares de policías especializados realizaron en junio de 2012 para desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras para pedir que se integraran a la reforma agraria.
Durante el desalojo murieron once campesinos y seis policías, pero la Fiscalía nunca investigó las muertes de los labriegos.
En la fundamentación de sus conclusiones, los jueces declararon que la teoría propuesta por los fiscales es "la única probada" a lo largo del proceso, y afirmaron que la defensa basó sus alegatos en "conclusiones personales", "valoraciones erróneas", "tesis descabelladas", "apreciaciones subjetivas" y argumentos que "carecen de sustento".
El tribunal consideró a todos los acusados culpables del delito de invasión de inmueble ajeno, debido a que estiman que la finca que ocuparon, conocida como Marina Kue y perteneciente al distrito de Curuguaty, es propiedad de la empresa Campos Morombí.
También dio por probado que todos los acusados integraban una asociación criminal, y mencionó como pruebas que los campesinos "realizaban tareas de guardia, aportes de dinero, y prácticas de disparo".
Los jueces ratificaron la acusación por homicidio doloso contra Rubén Villalba (condenado a 30 años de prisión y 5 años de medidas de seguridad), Luis Olmedo (condenado a 20 años), y Néstor Castro y Arnaldo Quintana (condenados a 18 años de cárcel), de quienes dijeron que durante el desalojo "ejecutaron su plan de matar a los policías".
En concreto, responsabilizaron a Villalba de ser el líder del grupo de campesinos, y de instigar a la violencia contra los policías durante el desalojo.
Por otra parte, los jueces afirmaron que las tres mujeres acusadas, Fany Olmedo, Lucía Agüero y Dolores López, todas ellas condenadas a seis años de prisión, "utilizaron a los niños" para servir como señuelo y dar "un ambiente de confianza" que impidiera la intervención policial.
El tribunal también dio por demostrada la participación de todos los acusados en la ocupación de la finca, ya sea porque fueron aprehendidos en el lugar de los hechos, porque resultaron heridos en la masacre, o porque sus nombres figuraban en un cuaderno hallado en el lugar.
La lectura de la sentencia se desarrolló al aire libre, en la explanada frente al Palacio de Justicia, debido a que los abogados defensores habían solicitado disponer de un espacio con capacidad para más personas, para lo cual habían pedido emplear el salón auditorio de la institución.
Frente a las escalinatas del Palacio, custodiado por más de un millar de policías, personal antidisturbios, militares e incluso francotiradores, se concentraron unas 500 personas para protestar contra el tribunal y solicitar la absolución de los campesinos condenados.
Ocho de estos manifestantes fueron detenidos por la policía a primera hora de esta mañana en las inmediaciones del Palacio de Justicia, presuntamente porque portaban armas contundentes.
La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución del presidente Fernando Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
