SANTIAGO.- Hoy, a dos años del hecho, la Fiscalía Metropolitana Sur se encuentra pronta a cerrar nuevamente la investigación en contra de los tres sospechosos vinculados al ataque -tras la reapertura por 30 días del caso- y volver a acusar a Nataly Casanova, Enrique Guzmán y Juan Flores.
El último, sindicado como la persona que a las 13:53 horas de ese fatídico lunes, colocó el artefacto al interior de un contenedor de basura, arriesgando por ello, una condena de presidio perpetuo simple, en caso que la justicia falle en su contra tras el juicio.
"No hay duda de que fue un acto terrorista", dijo al respecto en entrevista con Emol, el fiscal regional Sur, Raúl Guzmán, a cargo de la dirección de las pesquisas que lograron identificar a los supuestos responsables del atentado y de otros dos ataques ocurridos en junio y agosto del mismo año, en la estación Los Dominicos del tren subterráneo, y en la Primera Comisaría de Santiago, respectivamente.
"Después del atentado al centro comercial de Escuela Militar, Santiago cambió", agregó, enfatizando que "cuando se atenta contra un medio de transporte público en servicio, y mediante el uso de una bomba, estamos en presencia de un acto terrorista".
Sobre cómo afectó el bombazo a la población, el investigador aseguró que "en general existió, durante la primera semana luego de la explosión, mucho temor entre la gente, disminuyó la afluencia de público en el Metro y hubo un ambiente de temor generalizado".
"La empresa debió (Metro) adoptar medidas de seguridad que se encuentran vigentes hasta hoy, como -por ejemplo- el retiro de basureros en los andenes, o reaccionar de inmediato ante cualquier bolso abandonado", aseveró.
Equipo exclusivo
El ataque registrado el 8 de septiembre de 2014 también generó cambios al interior del Ministerio Público respecto a la forma de indagar este tipo de actos. Por ello, según explicó Guzmán, lo primero que se hizo fue conformar un equipo con dedicación exclusiva para investigar este tipo de atentados, conformado por el fiscal exclusivo Claudio Orellana, los abogados asistentes Magdalena Balart, Claudia Cañas y Rodrigo Peña, además de los abogados asesores Marcos Pastén y Juan Pavez.
"Todos ellos, apoyados por personal administrativo y un grupo de elite de las unidades especializadas de Carabineros, entre ellos, GOPE, Labocar y Dipolcar, con quienes nos reunimos todas las semana. Con este equipo, nos hemos capacitado en conjunto y hemos generado procesos de trabajo investigativo, una planificación de diligencias, cronogramas y exigentes estándares en el desarrollo de diligencias", detalló.
Y recalcó que se ha realizado "un extenso y acucioso trabajo investigativo, basado en métodos científicos, tecnológicos, estratégicos, de análisis, y del más irrestricto respeto a los derechos humanos y las garantías de todos los intervinientes".
Acto terrorista
Respecto a las principales características que permiten establecer que el atentado en el centro comercial de la empresa Metro se trató de un acto terrorista, Raúl Guzmán reiteró que "colocar una bomba en el transporte público en servicio, ocasionando lesiones de distinta gravedad y daños de consideración, en un caso a plena luz del día y ataques coordinados y sistemáticos a recintos policiales, son hechos o acciones típicas de actos terroristas".
"Tras estos atentados, existen 29 víctimas con distintas lesiones, quienes han estado en el centro de nuestra preocupación", destacó, afirmando que desde el hecho "ha existido un apoyo profesional permanente a estas víctimas, no obstante, varias de ellas, hasta el día de hoy sufren secuelas y no han podido superar el miedo".
En la misma línea, insistió en la necesidad de lograr condenas para los acusados con el objetivo "de que se pueda reparar, en parte, las acciones que afectaron a las víctimas, tanto física, como sicológicamente, como así también los daños a la ciudadanía en general".
Por último, llamó a la población a confiar en el Ministerio Público, puntualizando que "estamos al servicio de la ciudadanía y asumimos aquello como una máxima, especialmente con las víctimas de este caso concreto, quienes han tenido la valentía de querellarse y mantenerse vinculados al proceso".
"No están solos, cuentan con nosotros", remató el fiscal regional.
