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Justicia británica comienza revisión del recurso que decidirá el papel del Parlamento en el Brexit

Esto, luego de que la Alta Corte de Inglaterra y Gales dictaminara que la Primera Ministra Theresa May no tiene la autoridad para decretar la salida del Reino Unido de la UE y que la decisión le corresponde al Legislativo.

05 de Diciembre de 2016 | 08:44 | AFP
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EFE
LONDRES.- La Corte Suprema británica examina desde este lunes la apelación del Gobierno de Theresa May contra una decisión que le obligaba a someter la salida de la UE al Parlamento, algo que podría ralentizar el proceso.

Muy cerca del Parlamento, los 11 jueces más altos del país -por primera vez reunidos todos en una causa- empezarán cuatro días de audiencias, y su decisión se conocerá a principios de 2017.

La Alta Corte de Inglaterra y Gales dictaminó el mes pasado que May no tenía la autoridad para invocar el Artículo 50 del Tratado europeo de Lisboa, puerta de salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Tal decisión enfureció a los partidarios del Brexit, que ganaron el referéndum del 23 de junio por 52% a 48%, pero la ley que validó el plebiscito no lo hacía legalmente vinculante, dejando la última decisión en manos del gobierno o el Parlamento, justo lo que se está discutiendo.

Ataques a los jueces


El fiscal general Jeremy Wright, principal asesor legal del ejecutivo, argumentará ante los jueces que el gobierno tiene la autoridad Relaciones Exteriores, incluyendo la potestad de retirarse de tratados internacionales.

Pero los demandantes, encabezados por la directora de un fondo de inversiones, Gina Miller, sostienen que el Brexit dejaría sin valor algunas leyes nacionales y despojaría a los ciudadanos de ciertos derechos -el del pasaporte comunitario, por ejemplo-, algo que sólo el Parlamento puede autorizar.

La primera decisión de la justicia favorable a los demandantes polarizó al país, y llevó a los pro-Brexit a cuestionar la independencia de un poder judicial al que perciben como proeuropeo.

Tal fue la ferocidad del ataque a los jueces -hasta niveles personales, de una parte de la prensa-, que el ministro de Justicia tuvo que salir a defender su independencia. Además, las amenazas de muerte a Miller arreciaron, según denunció públicamente.

Una complicación añadida para el Gobierno será la presencia en la causa, como partes, de los gobiernos regionales de Escocia y Gales, que esperan que sus Parlamentos también tengan que votar para activar la salida de la UE.

Un veredicto semejante podría alterar completamente el calendario de May para salir de la UE y provocar una crisis constitucional entre las diferentes partes constituyentes del Reino Unido (Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra).

Aún así, no es espera que el Parlamento, la mayoría de cuyos miembros son proeuropeos, dé marcha atrás al Brexit, pero sí podría darle forma. Así, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, advirtió este fin de semana que velara para que el Reino Unido mantenga "un acuerdo comercial con Europa".

El tribunal examinará también la apelación del norirlandés Raymond McCord, activista por los derechos de las víctimas del conflicto del Úlster, que quiere que el Parlamento norirlandés tenga voz y voto en el Brexit.

McCord teme que si el Reino Unido abandona la UE, se retire igualmente de la Convención europea de derechos humanos, haciendo peligrar su cruzada personal para que se haga justicia en el asesinato de su hijo.

Pocas posibilidades para el Ejecutivo


El experto legal Michael Zander estimó que el Gobierno tiene pocas posibilidades de ganar la apelación.

"Me sorprendería mucho que el fiscal general (abogado del gobierno) y otros abogados hayan dado al gobierno razones para esperar que se revierta una decisión que fue unánime y muy fundamentada", escribió Zender en la revista de derecho Counsel.

"En mi opinión, el Gobierno puede esperar una derrota por 11-0", o sea, sin el apoyo ni siquiera de uno de los magistrados.

Los diputados que apoyan el Brexit tienen la mirada fija en la juez Brenda Hale, una de las once que decidirán, y que ha sostenido públicamente que habría que reemplazar todas las leyes europeas del derecho británico antes de empezar el proceso de salida de la UE, una tarea colosal.

El diputado conservador Iain Duncan Smith, partidario de romper con Bruselas, avisó de que tal cosa causaría "una crisis constitucional" y criticó a Hale: "No es su trabajo (de los jueces) decirle al Parlamento cómo tiene que actuar", dijo al diario The Guardian.
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