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Piloto que transportaba al Chapecoense tenía orden de arresto en Bolivia por haber dejado la Fuerza Aérea

Según el ministro de Defensa boliviano, los pilotos formados por la entidad tienen el compromiso de realizar servicio militar por algunos años antes de poder retirarse, lo que Miguel Quiroga había evitado presentando recursos de amparo.

06 de Diciembre de 2016 | 16:00 | Emol
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Miguel Quiroga, piloto del avión de LaMia que se accidentó la semana pasada dejando 71 muertos.

El Mercurio
SANTIAGO.- El Gobierno de La Paz informó este martes que Miguel Quiroga, el piloto del avión de LaMia que se estrelló en Colombia mientras transportaba al equipo de fútbol brasileño Chapecoense, estaba procesado por la justicia y tenía una orden de arresto por haber dejado la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

El ministro de Defensa boliviano, Reymi Ferreira, explicó que "el capitán Quiroga, que fue piloto del avión que se accidentó, tenía un juicio con la FAB e incluso contaba con un mandamiento de apremio".

La tragedia ocurrida a pocos kilómetros del aeropuerto de Rionegro, en Medellín, dejó un saldo de 71 muertos, la mayoría de ellos jugadores y directivos del Chapecoense y periodistas que se dirigían a cubrir la final del equipo brasileño en la Copa Sudamericana.

Quiroga, el piloto, ha estado en el centro de la polémica. Era co-propietario de la aerolínea LaMia y se cree que la causa del accidente fue la falta de combustible para llegar al aeródromo de Medellín.

Según el titular de Defensa boliviano, Quiroga y otros cuatro que también dejaron la FAB están procesados por la misma razón, pero evitaron ser detenidos presentando recursos legales de amparo constitucional.

"Ellos recibieron una formación profesional, en la que el Estado invierte (...) y de pronto a media carrera en lugar de cumplir con el acuerdo y volcar esos conocimientos y destrezas a favor de la FAB y el Estado, prefieren renunciar", señaló Ferreira. Según el ministro, estos pilotos tienen el compromiso de servir algunos años en la entidad tras ser formados, lo que le costaría al Estado al menos 100 mil dólares.
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