BUENOS AIRES.- La ex Presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) acudió este lunes a los tribunales federales de Buenos Aires para declarar como imputada en una causa por presunto lavado de dinero y cohecho, instancia en la que negó los cargos, pidió su sobreseimiento y denunció una "maniobra político-judicial" contra ella.
La ex Mandataria, acusada junto a sus hijos y varios empresarios de la obra pública de delitos de corrupción cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces, acudió a los tribunales federales de Buenos Aires citada por el juez Claudio Bonadio y, aunque no declaró ni contestó preguntas, presentó un escrito y se marchó sin dar declaraciones a la prensa.
"Sostener que se lava dinero cuyo origen es absolutamente conocido, se encuentra dentro del circuito bancario y circula de la misma manera, pagándose los correspondientes impuestos, es justamente el caso contrario a un delito de esta naturaleza", remarcó Fernández en el texto entregado a Bonadio, que divulgó a través de sus cuentas en las redes sociales.
En el extenso escrito, titulado "De la violación sistemática de todos y cada uno de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional", la viuda del también ex Presidente Néstor Kirchner (2003-2007), reitera que se siente objeto "de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes" en el país.
"Al menos en los períodos democráticos, y que en mi caso particular se extiende a mis hijos Máximo y Florencia Kirchner, en especial, a esta última", asevera Fernández, que se encuentra imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en dos: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión, y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública.
A las afueras de los juzgados se apostaban varias decenas de militantes kirchneristas, a pesar de que la propia Fernández había pedido a sus seguidores que, en lugar de acudir a mostrarle su apoyo, participasen de la movilización que para hoy convocó la Confederación General de los Trabajadores, la central sindical más importante del país, para protestar contra las políticas económicas del Gobierno de Mauricio Macri.
Bonadio citó a declarar a principios de febrero pasado, entre otros, a Fernández, sus hijos y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez -que ya comparecieron días atrás-, por presunto lavado de dinero y cohecho. Tanto Máximo como Florencia Kirchner acudieron el lunes a tribunales, instancia en la que tampoco contestaron las preguntas del magistrado y se limitaron a entregar un escrito.
La causa que investiga a Los Sauces nació en abril de 2016 luego de una denuncia presentada por la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero relacionados con supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.
Esa acusación apunta a que pudo utilizarse la empresa, dedicada al alquiler de inmuebles y conformada en 2006 por el matrimonio presidencial y Máximo, su primogénito, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de parte de esos empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
En su escrito, Máximo, de 40 años, que actualmente es diputado por el kirchnerista Frente para la Victoria, consideró un "verdadero disparate" sospechar que el pago de alquileres a "Los Sauces" fuera parte de "retornos" por la concesión de obra pública.
Fernández, que dejó la Presidencia en diciembre de 2015 y está afectada por diversas causas, niega todos los cargos que se le imputan e insiste desde hace meses que ella y su familia son víctimas de una persecución política, mediática y judicial avalada por el Gobierno de Macri.
