La palabra Brexit es el resultado de un juego de palabras británico entre los términos ingleses "Britain" (Reino Unido) y "Exit" (salida), con el que se denomina la eventual marcha de este país de la Unión Europea, acordada tras la votación de los ciudadanos británicos en el histórico referéndum del 23 de junio de 2016.
El término se extendió tras la celebración del citado plebiscito que debía establecer la permanencia o salida del país del bloque, que terminó con un 51,9% de los votos a favor del fin de la pertenencia frente al 48% favorable a la continuidad. La consulta fue convocada por el ex primer ministro "tory" (conservador) David Cameron, quien dimitió tras conocerse el resultado, contrario a la línea oficial del Gobierno. En su reemplazo asumió Theresa May, quien creó el Departamento para la Salida de la UE (DexEU), encargado del procedimiento y liderado por el conservador David Davis.
El decisivo Artículo 50 es parte del Tratado de Lisboa, firmado por los países del bloque en 2007 y puesto en marcha en 2009. El artículo está formado por cinco puntos y establece el mecanismo que deben seguir los Estados miembros si es que buscan retirarse del bloque comunitario.
"Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión", consigna el texto. Pero además establece que "el miembro del Consejo Europeo y del Consejo que represente al Estado miembro que se retire no participará ni en las deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo que le afecten".
Esta es la dicotomía que se maneja en el Reino Unido para referirse a una salida total o parcial de la UE. A mediados de enero, Theresa May puso fin a la incertidumbre y aclaró que buscará un Brexit "duro" ("hard"), o sea, la renuncia al mercado único (que permite la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas), para poder controlar la inmigración, el principal mensaje que transmitieron los británicos con su voto, según ella. El Brexit "soft" hubiera consistido en permanecer en el mercado único.
Luego del referéndum, May debió enfrentarse a una serie de obstáculos legales para poder concretar la activación del artículo. El Tribunal Supremo estableció que debía ser el Parlamento británico el que diera el visto bueno al proceso. Así, los legisladores tramitaron con carácter de urgencia la ley que fue aprobada hace algunos días. Posteriormente la reina Isabel II la ratificó y dio el permiso para que mañana se notifique a Bruselas de la decisión.
Una vez activado el artículo, comienza un periodo negociador formal de dos años entre la Unión Europea y el Reino Unido a fin de establecer los términos para el Brexit y fijar las pautas de las nuevas relaciones futuras entre Londres y Bruselas. Esta será la primera salida de un Estado miembro desde la creación del conglomerado, hace 60 años.
Si ambas partes logran alcanzar un acuerdo en el plazo negociador establecido, el Reino Unido dejará de pertenecer a la UE en la primavera de 2019. Este calendario podría variar, sin embargo, en el caso hipotético de que ambas partes acordaran de manera unánime extender ese periodo de conversaciones.
Ante la posibilidad de que las conversaciones se extiendan en demasía, surgió la idea de un acuerdo de transición en que ciertas partes de la membresía seguirían en vigor para dar tiempo a las empresas e individuos a adaptarse. Sin embargo, la idea no parece del agrado de Bruselas.
Actualmente, hay 3,15 millones de ciudadanos comunitarios residiendo en el Reino Unido frente a 900.000 expatriados británicos que viven en diferentes países del continente, según datos oficiales. La situación de ambos grupos es incierta. May, ha insistido en que resolver su situación legal es prioritario para el Ejecutivo, siempre y cuando el resto de países proteja asimismo la situación de los británicos que viven en los países de la UE.
El Parlamento escocés solicitó este martes organizar un segundo referéndum de independencia, en respuesta a la decisión de Londres de impulsar el Brexit. La jefa del gobierno regional, Nicola Sturgeon, argumenta que Escocia no se siente identificada con la decisión de salir del bloque comunitario y que ello se reflejó en los resultados locales del plebiscito sobre el Brexit.
Pero May ya ha afirmado que se opondrá a que el referéndum se celebre en el plazo que quiere Sturgeon, entre finales de 2018 y principios de 2019, porque la perspectiva de una ruptura tendría un impacto negativo en las negociaciones de divorcio con la Unión Europea.
Si el Reino Unido o cualquier otro estado miembro que se ha retirado, solicitara de nuevo la adhesión, su petición se sometería al mismo procedimiento establecido para cualquier otro Estado que desee adherirse, sin poseer privilegio alguno.
