CARACAS.- La decisión del máximo tribunal venezolano de adjudicarse las funciones del Parlamento, de amplia mayoría opositora, abrió este viernes una grieta en el chavismo luego de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al gobierno, denunciara una "ruptura del orden constitucional".
En un sorpresivo giro, Ortega rechazó dos sentencias con las cuales el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó esta semana al Legislativo de sus competencias y a los diputados de inmunidad.
"Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...), lo que constituye una ruptura del orden constitucional", señaló Ortega, confesa chavista, al referirse a las sentencias durante un acto público.
Es la primera alta funcionaria del Estado que critica los fallos judiciales, que desataron una oleada de rechazo en la comunidad internacional marcada por denuncias de ruptura institucional.
Aunque se distanció de las declaraciones de gobernantes extranjeros, Ortega dijo que era "una obligación" expresar su "alta preocupación".
Así, Ortega recalcó que a nombre del Ministerio Público "llamamos a la reflexión para que tomemos caminos democráticos, y para que respetando la Carta Magna propiciemos un ambiente de respeto y pluralidad".
La fiscal convocó a todos los actores políticos a conseguir "caminos institucionales que garanticen la paz, y que supere los obstáculos que impiden actualmente la calidad de vida que reclama nuestra población", dijo.
"La última sentencia del TSJ es el peor ataque contra la democracia y Maduro no puede pretender que no produzca efectos en la estructura de poder. La fiscal, garante de la legalidad, da un gran paso: esto significa el agrietamiento, y cuidado si no el rompimiento, de la estructura interna del poder chavista", dijo a la agencia AFP el politólogo Luis Salamanca.
