El Presidente Maduro junto a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz.
Prensa Presidencial de Venezuela
CARACAS.- El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió este sábado con la Fiscal General, Luisa Ortega, luego de que ella rechazara que el máximo tribunal se adjudicara las facultades del Parlamento, medida que después "suprimió".
"Jefe de Estado, Nicolás Maduro, en (el palacio presidencial de) Miraflores con la Fiscal General", escribió en su Twitter el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas.
En la grabación, se observa a Ortega regalarle un libro a Maduro, en compañía del alcalde Caracas, Jorge Rodríguez, y de la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez.
En dos sentencias de esta semana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió las competencias del Parlamento de mayoría opositora y eliminó la inmunidad de los diputados, lo que generó un fuerte rechazo internacional y la condena de la fiscal, cercana al chavismo.
"Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...), lo que constituye una ruptura del orden constitucional", señaló sorpresivamente Ortega el viernes.
Tras esa denuncia, el presidente convocó una reunión entre los poderes -a la que no asistió el Legislativo- para superar lo que consideró un "impasse". Del encuentro surgió un documento en el que se exhortó al TSJ a revisar los dictámenes.
"Enfrentamos una situación compleja y puedo decir que en pocas horas activando los mecanismos de la Constitución fue superada exitosamente la controversia que surgió entre dos poderes. Me tocó como jefe de Estado actuar", dijo Maduro este sábado durante un acto militar.
El máximo tribunal, acusado por la oposición de servir al chavismo, dio marcha atrás este sábado a su decisión de adjudicarse las funciones de la Asamblea.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, negó que los dictámenes hayan "despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado".
La decisión, sin embargo, no convenció a la oposición. "La sentencia es la culminación de un golpe de Estado que no se corrige tachando un párrafo", afirmó el jefe parlamentario, Julio Borges, durante una protesta contra la medida.
