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Santiago: Miércoles 17 de diciembre del 2025 | Actualizado 02:03
Todo empezó luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), máximo ente del poder judicial, decidió suspender de sus labores a la Asamblea Nacional (Parlamento) y asumir él las funciones legislativas, al considerar que el Congreso, de mayoría opositora, estaba actuando "en desacato".
Con esta decisión, el TSJ, compuesto por 32 magistrados, adoptaría las funciones del Poder Legislativo, el cual quedaría suspendido y sus miembros perderían la inmunidad parlamentaria. Finalmente, el tribunal revirtió esta resolución el pasado fin de semana.
El TSJ consideró que todas las resoluciones del Congreso son nulas luego de que a mediados de 2016 la Asamblea Nacional incorporó a tres diputados de la región de Amazonas, cuestionados por la forma en la que fueron electos, siendo impugnados por el oficialismo. Y si bien los parlamentarios fueron desincorporados, el TSJ decidió mantener esta declaración de desacato. Todo esto desencadenó el fallo del miércoles.
De los cinco poderes del Estado de Venezuela (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano), el Legislativo es el único que le ha traído problemas al Gobierno de Nicolás Maduro, puesto que está controlado por la oposición, que logró la mayoría absoluta del Parlamento luego de las elecciones de 2015, con 112 miembros. Esto, luego de que tanto los miembros del Poder Judicial como del Ciudadano son afines al oficialismo, mientras que en el Poder Electoral sólo uno de sus cinco integrantes es cercano a la oposición.
Así, los críticos de esta medida del TSJ aseguran que esto significa una violación del principio de independencia de los poderes del Estado. De este modo, organismos como la OEA ya expresaron su repudio a esta decisión, catalogándola de "autogolpe". Esto mismo, sumado al rechazo del Ministerio Público, llevó al máximo tribunal a dar pie atrás.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha tenido continuos enfrentamientos con el Presidente Nicolás Maduro respecto de la situación en Venezuela. Así, este lunes el organismo aprobó por mayoría una declaración que afirma que en el país hay "una grave alteración inconstitucional del orden democrático".
Esto significa que la OEA no descarta emprender "gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática", como convocar a una reunión a nivel ministerial. Incluso, esto podría escalar a instancias mayores, como la expulsión de Venezuela del organismo.
