CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de activistas y periodistas denunciaron legalmente este lunes al gobierno de México por intervenir sus teléfonos móviles, según documenta una investigación periodística que fue rechazada por la Presidencia del país, argumentando que no existe prueba alguna de dicho espionaje.
Tanto los denunciantes como el diario estadounidense The New York Times, que publicó este lunes el reportaje, apuntan al presunto uso de un software de espionaje que se vende exclusivamente a gobiernos para combatir a terroristas y narcotraficantes.
"Esto es una operación de Estado donde los agentes del Estado mexicano lejos de hacer lo que deben hacer legalmente han utilizado nuestros recursos, nuestros impuestos, nuestro dinero para cometer ilícitos graves", dijo la periodista Carmen Aristegui, una de las presuntas agraviadas, en una conferencia de prensa.
Aristegui es una periodista con mucho prestigio en México. En 2014 reveló que la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, la primera dama Angélica Rivera, había comprado una mansión de 7 millones de dólares a un importante contratista del Gobierno.
La investigación señala que el espionaje, dirigido contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción, se efectuó utilizando un tipo de malware provisto por una firma israelí, que cuenta entre sus clientes al Ministerio de Defensa Nacional de México y a la fiscalía federal (PGR).
La denuncia, presentada ante la PGR, es por delitos de acceso ilegal a comunicaciones privadas y a sistemas, "más los delitos que se acumulen", explicó Luis Fernando García, director de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), una de las responsables de la investigación.
"¿Qué tiene que decir hoy el Presidente de México sobre este espionaje cometido de manera alevosa e ilegal?", cuestionó Aristegui.
En una respuesta dirigida al editor del diario estadounidense, el vocero de la Presidencia de México Eduardo Sánchez sostuvo que "no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo".
El espionaje en México, dijo por su parte Ana Cristina Ruelas, directora en México de la organización Artículo 19, "se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas. Constituye una forma de control de los flujo de información y abuso de poder".
