SANTIAGO.- Una reforma a la justicia en Polonia terminó escalando hasta convertirse en un conflicto social y diplomático, que podría tener efectos inéditos al interior de la Unión Europea (UE).
El conflicto estalló luego de que el partido gobernante, el ultranacionalista y conservador Ley y Justicia (PIS) –que tiene mayoría en el Parlamento–, impulsara una polémica reforma al poder judicial, que afecta al Tribunal Supremo, la máxima corte de justicia de ese país.
La norma permite que el Parlamento nombre directamente a la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo, poniendo a la máxima corte del país bajo el control del partido gobernante. Y establece que termine el mandato de los jueces actuales y que el ministro de Justicia elija a sus sucesores.
Esto se suma a otras leyes –que ya fueron aprobadas con anterioridad–, que permiten al gobierno elegir a la mayoría de los miembros del máximo órgano de gobierno de los jueces; y nombrar a los magistrados de los tribunales regionales y de apelación, facultando al ministro de Justicia para extender el mandato de los jueces que hayan cumplido la edad de jubilación, además de contener edades diferentes de retiro para jueces hombres y mujeres, lo que se considera discriminatorio.
Desde que ese partido ganó las elecciones, en 2015, ha intentado aumentar su influencia sobre los tribunales de justicia. De hecho, el año pasado ya se reformó el Tribunal Constitucional.
La inédita amenaza del "botón nuclear"
La reforma al poder judicial ha despertado fuertes críticas en la oposición y en gran parte de la población de ese país, que consideran que la Justicia perdería su independencia.
La iniciativa tampoco ha caído bien en la Unión Europea (UE), que estima que el gobierno polaco estaría tomando tintes autoritarios, amenazando la separación de poderes y el Estado de Derecho.
Ante esto, la Comisión Europea anunció que abrirá un expediente de infracción contra el gobierno polaco si no retira la reforma, lo que podría derivar en sanciones a ese país. Pero no sólo eso. Incluso lo amenazó con activar el artículo 7 de los tratados europeos, lo que implica que se le podría suspender a Polonia el derecho a voto en las reuniones del Consejo de la Unión Europea. Esta medida, conocida como el "botón nuclear", está contemplada sólo para los casos en que hay una violación grave de los valores europeos, y nunca antes se ha aplicado con ningún otro país.
Pese a las advertencias de la Unión Europea, el jueves pasado Parlamento polaco aprobó la polémica reforma al Tribunal Supremo. Y luego hizo lo mismo el Senado, la madrugada del sábado.
Esto gatilló que miles de personas salieran a las calles a protestar en las principales ciudades del país. Con carteles que decían "Detengan la dictadura" y llevando ejemplares de la Constitución, los manifestantes llamaban al Presidente, Andrzej Duda, a que no promulgara la ley.
La sorpresiva decisión del Presidente
La presión social e internacional finalmente tuvo algo de efecto. Y el Presidente anunció el lunes que vetará la polémica reforma judicial. La decisión del Mandatario fue sorpresiva, ya que el forma parte del mismo partido gobernante y hasta ahora nunca se había opuesto a sus determinaciones.
En concreto, no ratificará dos de las tres medidas que fueron aprobadas por el Parlamento. Una es la que modifica el Tribunal Supremo. El mandatario sostuvo, en un discurso televisado, que "esta ley no fortalece el sentido de justicia en la sociedad polaca". Tampoco ratificará la normativa que reforma el máximo órgano de gobierno de los jueces. No obstante, no afectará la tercera ley, que permite al Ejecutivo nombrar a los magistrados de los tribunales regionales y de apelación.
El Presidente argumentó su veto, señalando que "las reformas de la Justicia son necesarias, pero sin que generen el enfrentamiento de la sociedad y sin que supongan la división del país".
Tras la decisión del Presidente, los dos proyectos que fueron vetados deben regresar al Parlamento para que sean modificados con las recomendaciones que incluya del jefe del Estado, y ahora requerirán una mayoría de tres quintos –que el partido gobernante no tendría– para aprobarlas. Aunque los dirigentes de ese partido ya afirmaron que no renunciarán a sus reformas.
Con todo, las advertencias de la UE se mantienen en pie. De hecho, hoy el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, afirmó que están dispuestos a activar "inmediatamente" el procedimiento para suspender el derecho a voto de Polonia si ese país revoca a los jueces de su Tribunal Supremo. "La recomendación de la Comisión a las autoridades polacas es que no tomen ninguna medida para despedir o forzar el retiro de los jueces de la Corte Suprema", advirtió.
Además, ratificó que abrirán el proceso de infracción contra ese país, cuando se promulgue la tercera ley del paquete de reformas, que el Presidente polaco sí ratificó.
