SANTIAGO.- Fernando Andreu es juez de la Audiencia Nacional de España desde hace 15 años. Con su fama de hombre pulcro y conducta "intachable", deberá esta vez enfrentar un nuevo desafío: juzgar a los cuatro sujetos sospechosos de participar de la célula terrorista que perpetró los dos atentados terroristas en Cataluña.
Y el magistrado de 57 años ya comenzó con sus gestiones. Este martes decretó la prisión preventiva para dos de ellos, otro quedó a disposición judicial por 72 horas más, y el cuarto fue dejado en libertad condicional tras su declaración.
Andreu, a cargo de indagar el primer ataque terrorista ejecutado por miembros del Estado Islámico en España, es titular del Juzgado Central de Instrucción 4 desde 2002 y un hombre respetado al interior del órgano judicial. Estricto con sus investigaciones y muy exigente, muchos lo valoran por su importante rol en la persecución de crímenes de guerra tanto en su país como a nivel internacional.
Sus más de 30 años de experiencia en el ámbito judicial lo avalan. Antes de asumir su rol actual en el tribunal español, Andreu trabajaba en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander y antes fue juez en la ciudad de San Sebastián. Allí comenzó a hacerse cargo del caso Lasa-Zabala en 1995, que investigaba el primer acto terrorista realizado por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), entes parapoliciales que declararon la "guerra" a la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA).
Principales casos
En España se hizo especialmente conocido por su actuar en el conocido caso Bankia. Desatado en 2012, el escándalo daba cuenta de una serie de hechos fraudulentos cometidos durante la fusión de varias cajas de ahorros en un nuevo banco, Bankia, en 2011. Además, evidenciaba la salida a bolsa de la entidad financiera con cuentas falseadas. El actuar del juez y persecución de los responsables ha sido catalogada de "impecable" por sus pares de la Audiencia Nacional.
Asimismo, muchos lo catalogan como un gran defensor de la justicia universal, el principio de universalidad de la jurisdicción española en relación a delitos de lesa humanidad, genocidio y terrorismo.
De hecho, uno de los principales casos que se le atribuyen a nivel internacional tiene que ver con la apertura de una investigación sobre el genocidio en Ruanda, que dejó a miles de personas fallecidas, entre ellos a nueve españoles. Además, inició una indagación en contra de Israel por un ataque a Gaza en 2002.
Cuestionamientos
Sin embargo, el connotado juez también ha sido duramente criticado. A pesar de su reputación de ser un hombre extremadamente riguroso, fue públicamente sancionado luego del error cometido en la denominada operación Emperador, en 2012. En aquella ocasión, la fiscalía detuvo a una veintena de miembros de la mafia china, incluyendo a Gao Ping, líder de la trama de lavado de activos y crimen organizado.
Andreu acordó con la fiscalía decretar una prórroga de la detención de algunos de los sospechosos por más de 72 horas, antes de acogerlos en un tribunal. Sin embargo, tras una serie de apelaciones de los defensores, la Audiencia Nacional consideró que el actuar del juez era un error, no tenía ningún amparo legal y vulneraba los derechos fundamentales de los detenidos. Así, se decretó la libertad de todos aquellos que se vieron afectados, es decir, los miembros de la cúpula de la organización criminal. El caso recibió un golpe bajo y Andreu vio cómo se enturbiaba su impecable currículum.
Pero además de este caso, en 2015 fue cuestionado por algunos sectores tras conocerse su informe sobre el caso de Ruanda, al considerarse que no representaba la realidad del escenario de violencia que vivió el país africano.
El magistrado Andreu deberá investigar ahora un caso en el que está implicada la muerte de 15 personas en Barcelona y Cambrils, y que ha tocado la sensibilidad de miles de españoles que ven su seguridad puesta en jaque ante la amenaza del Estado Islámico. Podría ser, entonces, el caso que marque su carrera.
