MADRID.- Los legisladores catalanes tenían previsto votar este miércoles una ley que permitiría a las autoridades regionales convocar oficialmente un referéndum el 1 de octubre sobre la independencia de España, materializando años de desafío a las autoridades españolas, que consideran ilegal la votación.
La llamada ley de referéndum se introdujo a última hora en la agenda para la sesión plenaria en el parlamento regional y probablemente quedaría aprobada por una mayoría proindependencia en la cámara, allanando el camino para formalizar los planes de sufragio.
La coalición independentista que gobierna la región, donde existe una fuerte identidad catalana basada en su idioma y sus tradiciones, indicó que la nueva ley legitimaría una votación sobre la escisión de España basada en el principio de autodeterminación.
Sin embargo, las autoridades españolas consideran que la consulta viola la Constitución del país porque sólo el gobierno central puede tomar una decisión de esa clase. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha prometido utilizar todas las medidas legales a su alcance para garantizar que no se celebre.
Rajoy intenta conseguir un equilibrio entre hacer frente al desafío secesionista y evitar medidas más dramáticas -como suspender las competencias autonómicas de Cataluña o declarar un estado de emergencia que conllevara la intervención del ejército- que podrían avivar el sentimiento antiespañol.
Tampoco la mayoría de los partidos políticos nacionales reconocen la votación de independencia. Los líderes de los socialistas y del liberal Ciudadanos expresaron su apoyo al gobierno conservador en sus esfuerzos contra el referéndum.
Cataluña, con 7,5 millones de habitantes, es una próspera región en el nordeste de España que genera un quinto del Producto Interno Bruto de España y que ya disfruta de una amplia capacidad de autogobierno, con su propia policía y amplias competencias en salud y educación. Pero áreas clave como los impuestos, asuntos exteriores y la mayor parte de la infraestructura están en manos del gobierno español.
El bando independentista alega que asumir el control pleno de su gobierno beneficiaría a Cataluña, una idea que ganó apoyos en una época de alto desempleo y duras medidas de austeridad debido a la crisis financiera española entre 2008 y 2013. El regreso al crecimiento firme ha mermado el apoyo público a la independencia, aunque los sondeos muestran que casi ocho de cada 10 catalanes quieren tener derecho a votar al respecto.
Sin embargo, la idea de celebrar un referendo en desafío al estado de derecho, sin la bendición de las autoridades centrales, ha avivado la controversia. Si la votación se celebra y gana el bando del "sí", el gobierno catalán ha prometido proclamar de inmediato una nueva república, independientemente de la participación.
