BARCELONA.- Miles de manifestantes se congregaron este jueves frente al organismo judicial de Cataluña para exigir la libertad de una decena de funcionarios arrestados por su presunta participación en el referendo independentista que el gobierno central ha pedido que se declare ilegal.
Grupos cívicos independentistas llamaron en la víspera a realizar protestas callejeras contra la "represión policial" que los tomó por sorpresa.
Por orden judicial, la policía incautó 10 millones de boletas electorales y arrestó a al menos 13 personas, casi todos funcionarios del gobierno catalán, sospechosos de coordinar el referendo. Fueron los primeros arrestos de funcionarios catalanes desde el inicio de la campaña por el referendo en 2011.
El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, reconoció en declaraciones a la televisora TV 3 que el operativo policial "ha alterado las reglas del juego" y que no será posible votar como en el pasado.
Con todo, expresó confianza en que habrá una gran participación el 1 de octubre, cualquiera que sea la forma de votar.
La Asamblea Nacional Catalana, una organización que impulsa el movimiento por la secesión, exhortó a la gente a concentrarse al mediodía frente al tribunal y acudir con carpas en caso de necesidad.
Para el mediodía, la multitud ocupaba un área equivalente a dos canchas de fútbol, entonando consignas como "¡Votaremos!" y "Hola democracia". Muchos portaban la bandera "estelada", símbolo de los partidarios de convertir a Cataluña en una república independiente.
El presidente de la Asamblea, Jordi Sánchez, dijo que la protesta pacífica continuará hasta que "todos los arrestados salgan en libertad".
La policía regional acordonó la zona, y un video filmado en vivo en el terreno mostró a la gente silbando y vituperando a un agente de policía que se trenzó con un manifestante. No se informó de otros incidentes, pero el clima era entre festivo y tenso.
"No tenemos miedo", dijo Malena Palau, una estudiante de 21 años, y añadió que la gente tiene derecho a decidir, independientemente de lo que se vota.
El Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió a los dirigentes catalanes de que habrá graves daños si siguen adelante, pero el gobierno regional ha prometido realizar el referendo el 1 de octubre.
El Tribunal Constitucional dijo el jueves que empezará a aplicar multas de entre 6.000 y 12.000 euros (7.200 y 14.400 dólares) diarios a los 22 miembros de la junta electoral designada para supervisar el referendo si desacatan la orden de suspender la votación. Las multas empezarán a regir a partir del sábado, dijo la corte en un comunicado.
Al mismo tiempo, el ministro de Economía Luis de Guindos aparentemente envió una señal al anunciar la posibilidad de mayor financiamiento para Cataluña, uno de los reclamos principales de los catalanes descontentos, quienes dicen que su próspera región aporta demasiado al gobierno central. En entrevista publicada el jueves con el diario Financial Times, de Guindos dijo que "una vez que abandonen los planes independentistas, podemos hablar".
Cataluña genera el 20% de la economía española de 1.100 billones de euros y goza de amplia autonomía, aunque sectores cruciales como la infraestructura y los impuestos están en manos de las autoridades en Madrid.
La región tiene unos 5,5 millones de votantes habilitados. Las sucesivas encuestas revelan que los habitantes están a favor del referendo, pero divididos en cuanto a la independencia.
