MADRID.- El jefe de la policía de Cataluña, Josep Lluís Trapero, y dos líderes de asociaciones independentistas llegaron el viernes a la Audiencia Nacional para declarar por presunta sedición ligada a manifestaciones previas al referéndum de autodeterminación del domingo.
El alto tribunal convocó a Trapero, su adjunta, Jordi Sánchez de la Asamblea Nacional Catalana y Jordi Cuixart de Omnium Cultural para declarar como investigados por el presunto delito, en momentos en que el gobierno separatista de la región avanza hacia una declaración unilateral de independencia.
Según la justicia española, son "reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes". Éste ilícito es castigado con una pena máxima de prisión de 10 años en el caso de ciudadanos ordinarios, y de 15 años si se trata de autoridades.
El jefe de los Mossos d'Esquadra, quien ganó renombre por haber liderado la investigación de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils, el 17 y 18 de agosto respectivamente, no hizo declaraciones antes de entrar.
La investigación tiene que ver con protestas en Barcelona el 20 y el 21 de septiembre cuando manifestantes dañaron vehículos oficiales e impidieron durante horas la salida de una dependencia catalana de guardias civiles, que realizaban un registro dentro de la operación para impedir el referéndum prohibido por la justicia.
Los investigados estuvieron acompañados por un pequeño grupo de diputados catalanes independentistas, así como del País Vasco, tanto nacionalistas de derecha como de izquierda independentista. No obstante, los diputados no pudieron entrar al interior del edificio.
La realización del referéndum el domingo pasado pese a la expresa prohibición del Tribunal Constitucional desató la peor crisis política en España desde el regreso de la democracia en 1977. Los separatistas catalanes, que dicen haber ganado el referéndum con un 90% de votos por el sí y una participación de 42,3%, sopesan declarar unilateralmente la independencia el lunes. Por su lado, el gobierno central de Mariano Rajoy se muestra decidido a impedirlo.
