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LIMA.- Un tribunal peruano consideró hoy "de lesa humanidad" al proceso que sigue desde octubre del 2016 contra 35 ex oficiales y ex suboficiales de la Marina de Guerra por la matanza, hace 31 años, de 133 presos por terrorismo que se amotinaron en el penal El Frontón, en una isla frente a Lima.
El Poder Judicial informó, en un comunicado, que la decisión fue tomada por el Colegiado B de la Sala Penal Nacional, que sigue el juicio por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, asesinato por ferocidad y explosión.
El tribunal, que preside el magistrado Edhin Campos e integran los jueces Jhonny Contreras y Otto Verapinto, consideró la precisión de la Fiscalía sobre el instrumento jurídico internacional denominado IUS COGEN (derecho consuetudinario internacional) que declara "imprescriptible y perseguible" el delito de lesa humanidad.
La nota oficial recordó que debido al alto número de acusados y de víctimas, así como la pluralidad de testigos que serán convocados y la actividad probatoria a desarrollarse, el caso fue considerado como complejo.
El Ministerio Público ha solicitado penas de entre 25 y 30 años de prisión, así como el pago de una reparación civil de 5,3 millones de soles (1,6 millones de dólares) a favor de los deudos de las víctimas.
Durante la audiencia, el juez Campos garantizó el "irrestricto derecho a la defensa, la tutela jurisdiccional efectiva y la garantía constitucional del debido proceso".
La próxima sesión del juicio oral fue programada para el 25 de octubre en la sede de la Sala Penal Nacional, donde las partes implicadas deberán ofrecer los medios probatorios del caso.
El 18 de junio de 1986, varios penales de Lima fueron sacudidos por un motín de presos por terrorismo y el entonces presidente Alan García (1985-1990) ordenó a las Fuerzas Armadas recuperar el control y rescatar a los custodios tomados como rehenes.
El penal El Frontón estaba construido en una de las pequeñas islas frente a Lima y destinado para los presos de mayor peligrosidad, en el cual fueron internados decenas de detenidos por su presunta militancia en la banda armada Sendero Luminoso.
De acuerdo a la acusación presentada por la fiscalía, al día siguiente, cuando el motín ya había sido debelado por la Marina de Guerra y concluido el enfrentamiento con los internos, se produjeron ejecuciones extrajudiciales de los presos rendidos.
El proceso responde a un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de identificación y sanción a los responsables por las ejecuciones extrajudiciales en ese motín, tras revisar el caso de dos de los internos muertos.
