LA HAYA.- El criminal de guerra bosniocrata Slobodan Praljak, que se suicidó el miércoles delante de los jueces del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) en La Haya, murió de un ataque al corazón causado por cianuro, según anunció este viernes la fiscalía holandesa.
"Los resultados preliminares de los análisis toxicológicos mostraron que Praljak tenía una gran concentración de cianuro en la sangre", explicó la fiscalía en un comunicado. "Esto provocó una insuficiencia cardíaca, lo que se señala como posible causa de su muerte", agregó.
Dos expertos croatas estuvieron presentes durante la autopsia, después de haber sido admitidos como observadores en consulta con el tribunal y las autoridades croatas.
Praljak se suicidó como protesta por los 20 años de prisión a los que fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad contra civiles musulmanes cometidos durante la guerra en Bosnia (1992-1995).
A petición de la Corte internacional, las autoridades holandesas iniciaron el mismo día del fallecimiento "una investigación independiente" sobre la muerte.
Praljak, que fue condenado por crímenes contra la humanidad por su papel en la guerra en Bosnia, llevaba desde 2004 bajo arresto y era muy probable que saliera de prisión dentro de unos meses, al cumplir los dos tercios de su condena necesarios para obtener la libertad.
Las preguntas giran ahora sobre cómo Praljak pudo hacerse con el veneno, a pesar de la fuerte custodia en prisión y la seguridad dentro del tribunal.
Según el abogado Erik Kok, que trabajó como asistente legal en el TPIY durante seis años, es muy difícil evitar que un recluso obtenga "drogas o teléfonos móviles" dentro de prisión.
Además, en declaraciones a la televisión holandesa RTL Nieuws, subrayó que los sospechosos pueden salir a la calle bajo ciertas condiciones y durante los traslados caminan por los pasillos solos y están en contacto con muchas personas, desde guardias y personal de limpieza hasta abogados y familiares.
El ala de la prisión holandesa de Scheveningen donde se encarcela a los sospechosos y condenados del TPIY está dirigida por la ONU y los guardias son sus funcionarios, lo que evita cualquier responsabilidad de los Países Bajos en este suceso.
