Activistas pro inmigración, líderes comunitarios e inmigrantes protestaron durante esta jornada frente a la Casa Blanca, en Washington.
EFE
WASHINGTON.- Durante la jornada de este lunes, el Gobierno de Estados Unidos puso fin al Estatuto de Protección Temporaria (TPS por sus siglas en inglés), un programa especial que evita la deportación de al menos 200.000 salvadoreños que habían llegado al país tras el terremoto de 2001 ocurrido en El Salvador.
Una de las razones para eliminar la normativa la entregó la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, quien aseguró que están dadas todas las condiciones para que El Salvador vuelva a recibir a las 200.000 personas que emigraron tras la catástrofe, y por lo mismo, tendrán 18 meses para abandonar el país norteamericano u obtener un permiso que les permita quedarse de forma legal en territorio estadounidense.
Ante la medida, el Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, se centró más en la prórroga de 18 meses que en la deportación, por lo que agradeció a Estados Unidos por "este anuncio, el cual reafirma los fuertes lazos de amistad y de cooperación que mantienen como socios históricos".
Críticas a la medida
Al conocerse la determinación, el presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, Tom Pérez, señaló que se trata de una decisión "cruel y sin corazón de parte de un Presidente cruel y sin corazón".
En la misma línea, el senador demócrata Tim Kaine expresó su descontento en un comunicado. "Nuestro país siempre ha recibido y protegido personas que precisan de refugio, pero en un año hemos visto al gobierno de Trump pisotear estos valores al demonizar inmigrantes y refugiados", afirmó.
Finalmente fue el centro de reflexión "Grupo de Trabajo para América Latina" (LAWG, de Washington) quien sentenció que la decisión de este lunes "refuerza el programa xenófobo del gobierno del Presidente Donald Trump, que arroja familias e individuos a la oscuridad del miedo".
Ya el 7 de noviembre de 2017, el Departamento de Seguridad Interna estadounidense había decidido no renovar el TPS para unos 5.300 ciudadanos nicaragüenses, protegidos en Estados Unidos desde que el huracán Mitch arrasó su país en octubre de 1998. Poco días después, el organismo decidió hacer lo mismo con la protección de los 59.000 haitianos que, en su mayoría, eran sobrevivientes del terremoto de 2010 en Haití.
El plazo máximo que determinaron las autoridades estadounidenses para la salida de los inmigrantes fue el 9 de septiembre de este año. Durante todo este período, el objetivo es que los afectados arreglen todo lo necesario para partir, o busquen otro estatus migratorio legal que les permita mantenerse en Estados Unidos.
