SANTIAGO.- El español Alejandro García tiene 24 años y vive en Madrid. Aunque nació en Granada, en Andalucía, viajó a la capital para convertirse en comunicador audiovisual. Lo hizo e incluso cursó un máster en cine y arte contemporáneo. Como la mayoría de los jóvenes de su edad, "Álex" - como le dicen sus amigos - se volcó a las redes sociales para expresar su pensamiento y abrió un canal en Youtube en 2014.
Pero el 25 de julio de 2017 recibió una llamada que paralizaría todos sus proyectos. La policía le pedía su correo electrónico para notificarle por escrito que estaba citado a acudir a la Audiencia Nacional (juzgado) a declarar. Dos días después, se le informó que estaba siendo acusado por el delito de "enaltecimiento del terrorismo" por sus publicaciones en su canal "Resistencia Films". Hoy arriesga dos años y un día de cárcel.
Según la fiscalía, Álex violó el artículo 578 del Código Penal español. Éste prevé que el "enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 (que regulan los delitos relacionados con terrorismo) o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 18 meses".
"Nadie debería ser procesado penalmente sólo por decir, tuitear o cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. La ley (...) está silenciando la libertad de expresión
Esteban Beltrán, director de AI España
Según un informe realizado por Amnistía Internacional (AI), revelado en marzo de este año, el número de personas procesadas por esta ley antiterrorista se ha disparado desde 2011 y los
condenados por "enaltecimiento del terrorismo" alcanzan 119. Entre ellos se incluye a
periodistas, artistas y usuarios de redes sociales sancionados por letras de canciones "políticamente controvertidas", chistes, tuits o, como en el caso de Álex, videos críticos en internet.
En su reporte, titulado "Tuitea... si te atreves: cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España", la ONG aseveró que el Gobierno español "somete a hostigamiento toda una serie de expresiones en Internet" a través de esta norma y que crea un efecto "paralizante" y de temor en la población.
"Nadie debería ser procesado penalmente sólo por decir, tuitear o cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. La ley, de redacción general e imprecisa, está silenciando la libertad de expresión y aplastando la expresión artística", declaró Esteban Beltrán, director de AI España en marzo.
El informe de AI consigna que el número de personas procesadas en aplicación de este artículo aumentó de tres en 2011 a 39 en 2017. Solamente en los dos últimos años, fueron declaradas culpables casi 70 personas.
Además, da cuenta de que desde 2014 se han llevado a cabo cuatro operaciones policiales denominadas "Araña", en la que se detuvo a 63 personas acusadas por el artículo 578.
"Me estaban juzgando por mis ideas"
"Yo abrí el canal de Youtube en 2014 con la intención de dar voz o intentar mostrar una realidad que sentía que se estaba intentando silenciar por todos los medios, que no se conocía y que la gente no veía. Entonces empecé a grabar los movimientos sociales, personas que estaban sufriendo casos de represión o que se les intentaba silenciar", asegura Álex en conversación con Emol.
Comenta que comenzó a involucrarse en estos movimientos desde las masivas manifestaciones españolas de mayo de 2011, generadas por la crisis económica en el país. Una movilización conocida como "15-M" o "los indignados".
Su primera declaración como investigado la realizó el 28 de julio de 2017, solo dos días después de recibir la notificación judicial. Ese día, acudió a la Audiencia Nacional junto a su abogado. "Lo que me más me sorprendió es que la jueza y la fiscalía no me preguntaron por los videos en los que supuestamente había cometido un delito, sino que sus preguntas eran referentes a mis ideas: qué ideas tengo, qué opiniones tengo, qué intenciones tengo con mis videos y por qué opino lo que opino.
Lo que sentí fue que me estaban juzgando por mis ideas y no por mis videos", recuerda.
Meses después recibió la petición de la fiscalía: dos años y un día de prisión; 10 años de inhabilitación total para ejercer cargos públicos o recepción de ayudas del Estado, y una multa de cerca de 5.000 euros (5.745 dólares, aproximadamente).
Además de las condenas a raperos por sus letras de canciones, uno los casos de este tipo que más repercusión ha tomado es el de Cassandra Vera (22), sentenciada a una pena condicional de un año de cárcel en 2017 por "humillar" a víctimas del terrorismo. Cassandra había bromeado en Twitter sobre los atentados perpetrados por la ETA, mencionando a una de las víctimas de un ataque explosivo del grupo vasco hace 44 años. La condena conllevó la pérdida de su beca universitaria y siete años de inhabilitación para cargos públicos. A comienzos de 2018, el Tribunal Supremo revocó la sentencia al considerar que "no resulta proporcionada".
"Genera terror. Tu familia, tus amigos se atemorizan ante estas situaciones, porque también les genera miedo a ellos de 'joder, tengo que tener cuidado de qué voy a decir, qué voy a hablar, qué voy a hacer, porque me puede pasar lo mismo'"
Álex García
. Tu familia, tus amigos se atemorizan ante estas situaciones, porque también les genera miedo a ellos de 'joder, tengo que tener cuidado de qué voy a decir, qué voy a hablar, qué voy a hacer, porque me puede pasar lo mismo'", enfatiza Álex.
"Y el que sea un proceso tan largo te genera que tienes que cortar tu vida de inmediato, porque no puedes hacer planes de futuro, a largo plazo, porque no sabes si vas a acabar en la cárcel (…) desde que me llamaron a declarar, mis planes de futuro se cortan y mi planteamiento de vida es al día a día", añade, explicando que él incluso tenía previsto postular para convertirse en profesor de cine o audiovisual, pero que su proyecto se vio frustrado por este proceso.
"Nada de qué arrepentirme"
El próximo 12 y 13 de noviembre Álex deberá acudir nuevamente a la Audiencia Nacional, pero esta vez para escuchar un veredicto. Convencido, sostiene que en caso de que lo condenen apelará a la decisión en todas las instancias posibles, incluso ante el Tribunal Europeo (TE) si es necesario.
"No tengo pensado cerrar el canal (...) hacerlo sería autocensurarme y al final, sería como estar en prisión, me estaría poniendo yo mismo la condena"
Álex García
por lo que voy a seguir recurriendo hasta conseguir la solución de lo que considero justo", asevera. Admite que el TE demora varios años en fallar y que a esas alturas ya habría cumplido una eventual condena, pero al menos podría apelar a una indemnización estatal "por el tiempo perdido".
Pese a todo, sobre la continuidad de su canal "Resistencia Films", Álex es categórico: "No tengo pensado cerrar el canal ni parar mi actividad, ni dejar de decir lo que pienso. Aunque no me condenaran a la pena máxima y me hicieran una reducción de condena (...) Seguiría haciendo mis videos y expresándome cómo creo que me tengo que expresar, porque no creo que haya hecho nada de lo que tenga que arrepentirme. Sería autocensurarme y al final, sería como estar en prisión, me estaría poniendo yo mismo la condena. La verdad, es que no pienso pasar por ahí", sentenció.
