El ex presidente catalán Artur Mas.
EFE
MADRID.- El ex presidente regional de Cataluña Artur Mas fue condenado este lunes junto con otros antiguos altos cargos a devolver los 4,9 millones de euros (unos 5,7 millones de dólares) que costó a las arcas públicas la organización de una consulta independentista ilegal en 2014.
Mas, tres ex ministros regionales y otros seis antiguos funcionarios de alto rango de Cataluña fueron condenados por el Tribunal de Cuentas, un órgano que supervisa la gestión económica de las instituciones públicas.
La condena se refiere a una consulta independentista ilegal celebrada el
9 de noviembre de 2014, en la que se preguntó a los ciudadanos si Cataluña debería ser un Estado y, en caso positivo, si debería ser independiente, un proceso que había suspendido previamente el Tribunal Constitucional español.
La sentencia del Tribunal de Cuentas considera que no cabe duda de que tanto Mas como los demás miembros de su Gobierno demandados no sólo no eran ajenos a las decisiones de gasto público del Ejecutivo regional, sino que eran los "máximos responsables" de estas decisiones.
Artur Mas y el resto recibieron sanciones de acuerdo a su nivel de participación en la consulta y se les condena a reintegrar a la Generalitat la suma en que se cifra el alcance de sus respectivas responsabilidades.
Por ello, se establece un sistema subsidiario por el que cada superior deberá pagar la cantidad que corresponda a sus entonces subordinados y estos no reembolsen.
Esto supone que Mas (presidente del Gobierno regional de Cataluña entre 2010 y 2016) podría llegar a ser responsable de reembolsar la cantidad completa si todos los demás condenados eluden sus sanciones.
El año pasado, este Tribunal ordenó el embargo preventivo de la vivienda que Artur Mas puso para cubrir parte de la fianza de 5,2 millones de euros que le impuso por el gasto de dinero público en la citada consulta.
sTras consignar 2,9 millones de euros en efectivo, Mas y los ex ministros regionales
Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el ex secretario general de Presidencia
Jordi Vilajoana pusieron el 23 de noviembre del año pasado varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza.
Mientras, la justicia española prosigue a nivel penal el proceso legal contra los responsables del referéndum de independencia del 1 de octubre del año pasado, y la posterior proclamación de una república catalana, dentro del cual la fiscalía solicitó recientemente penas de hasta 25 años de prisión.
