El caso de María José Carrasco, la española que padecía esclerosis múltiple en etapa terminal y que se suicidó con la ayuda de su marido, remeció a gran parte del mundo.
Según reporta el diario español El País, Carrasco estuvo diez años en lista de espera para ingresar a una residencia. El día que falleció todavía no había logrado obtener un cupo, ni si quiera temporalmente como cuando una vez solicitaron para que su marido pudiera operarse una hernia, según documentos que le entregaron a la Comunidad de Madrid en 2018.
La solicitud de un espacio en una residencia asistida le fue otorgado el 15 de septiembre de 2009 por el, en ese entonces, director general de Coordinación de Dependencia de la Comunidad de Madrid. En la resolución, se manifiesta que Carrasco tiene una gran de dependencia III, nivel 1, pertenecientes a los más altos de la escala y que, por ende, debería recibir atención prioritaria. Pero nunca se hizo entrega del cupo en la residencia así que la mujer siguió en su casa.
Hasta ese año, la mujer había sido cuidada por su marido, Ángel Hernández, y su madre -que falleció en 2009 después de tener parkinson- . Por su parte, Hernández solicitó en 2010 su jubilación anticipada como técnico de imagen, a los 61 años para poder cuidar a su esposa, después de haber pasado meses trabajando a mitad de jornada y con un permiso especial para poder asistirla.
Debido a la enfermedad de la madre en 2007, la pareja pidió un puesto para Carrasco en el Centro para Esclerosis Múltiple Alicia Koplowitz de Madrid, en ese momento la mujer tenía una invalidez reconocida desde 1996, pero la solicitud fue rechazada.
La eterna espera
La situación no mejoró con los años, en 2018, cuando Hernández tenía 69 años, padeció una enfermedad a la espalda (espondilolistesis discopatía degenerativa) y tuvo una hernia umbilical. Los documentos médicos, señalan que se resintió debido a "los esfuerzos físicos de esa ayuda -que prestaba a su mujer-, unidos a su edad avanzada".
El diagnóstico señaló que su espalda tenía que ser operada, por lo cual el matrimonio solicitó un cupo temporal para Carrasco en una residencia, mientras Hernández era intervenido y se recuperaba, ya que no tenían "familiar alguno para su sustitución". Según documentos oficiales, enviaron la solicitud el 2 de febrero de 2018, un día después de que el marido recibió los informes médicos de la Fundación Jiménez Díaz.
El 20 de febrero, el hospital le comunicó a Hernández que la fecha de su operación sería el 27 del mismo mes, pero como la pareja todavía no había tenido respuesta a la solicitud de ingreso de ella, pidieron que se retrasara la intervención, que se pospuso un mes.
Pero el 23 de febrero, llegó la respuesta sobre el cupo temporal en la residencia, "no podrá disfrutarse de un nuevo ingreso temporal hasta transcurrido un año desde la finalización del anterior, salvo en circunstancias excepcionales que así lo exijan". Ya que el Gobierno Regional consideraba en el documento que Carrasco tenía un cupo entregado en 2009, a pesar de que eso nunca se hizo efectivo.
"Yo no quiero dormirme, quiero morirme"
María José Carrasco
"Después de 10 años en lista de espera, nos niegan la ayuda porque dicen que ya la hemos recibido", denunció Hernández en 2018 a El País. "Tampoco consideraron que esta era una circunstancia excepcional", finalizó.
Enredo burocrático
A partir de esto, el matrimonio presentó un recurso de alzada, la Administración reconoció un error y les ofreció un cupo temporal a la residencia, solo si retiraban el recurso. En ese momento la segunda fecha para la operación lumbar ya había pasado sin que se hubiese realizado, el matrimonio mantuvo el recurso confiando en que se les entregara un cupo permanente, el cual les correspondía desde hace 10 años por derecho.
En mayo recibieron un llamado de la Comunidad, por lo que tres días después la pareja compró una silla de ruedas, de un costo de 1000 euros, para que le sirviera a Carrasco en la residencia a la que creyeron que va a ir. Pero pocos días después llegó la decepción, para poder acceder a la residencia temporal tienen que renunciar a la solicitud de la permanente y esperar que se acabe su estancia ahí para volver a pedir la otra, a lo que ellos se niegan.
El 24 de mayo la Fundación Jiménez Díaz le notificó a Hernández que no pueden seguir posponiendo la fecha de la operación y que por lo cual tienen que sacarlo de la lista de espera. A principios de junio, sin tener una respuesta de la Comunidad, el recurso se cae por silencio administrativo. Por lo que se realza el rechazo a prestar la atención por el supuesto uso del cupo anterior.
La abogada de Hernández, Olatz Alberdi, explicó que el proceso legal se terminó ahí porque a la pareja le ofrecieron cuidados paliativos. La pareja lo confirmó, pero aseguraron que los rechazaron porque les negaron la sedación que Carrasco solicitaba, a cambio solo le ofrecían más calmantes, incluso hasta entubarla para que comiera.
"Yo no quiero dormirme, quiero morirme", manifestó Carrasco tras este hecho.
En octubre del año pasado, la pareja recalcó que la idea de que ella se suicidara con la ayuda de su marido no estaba motivada por la falta de paliativos. "Como ateos, no creemos que haya algo después. Esto se acaba cuando se acaba. Lo que ella quiere es decidir cuándo", reconoció Hernández.
La decisión la tomó la pareja el miércoles de esta semana, cuando Carrasco se tomó los remedios que le había preparado su marido y ella murió. Ahora Hernández volverá a pedir que lo operen.
