Justo antes de que el ex Presidente Alan García decidiera terminar con su vida, un grupo de agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Divac) había tocado la puerta de su vivienda. En la mano de uno de ellos figuraba una orden de detención en su contra dictada por el Poder Judicial. ¿La causa? Las investigaciones que lo vinculan a la mayor trama de sobornos del continente protagonizada por la constructora brasileña Odebrecht.
Las indagaciones en torno al ex Mandatario peruano llegaron este martes a un punto clave. García ya contaba con arraigo nacional por las acusaciones de colusión, lavado de dinero y tráfico de influencias. Quien gobernó el país vecino en dos ocasiones -desde 1985 a 1990 y entre 2006 y 2011- era señalado como receptor de coimas y de financiamiento irregular de campaña.
Sin embargo, ayer el cerco a su alrededor se cerró aún más. La Justicia cedió a la petición del fiscal del equipo especial de la operación Lava Jato en Perú, José Domingo Pérez, y decretó la prisión preventiva por un periodo de diez días para el ex jefe de Gobierno. Esa orden era, precisamente, la que los efectivos policiales pretendían cumplir cuando acudieron a su vivienda. La misma que lo llevaría a dispararse minutos después.
Línea 1 y aportes ilícitos
"Cumplo mi deber como ex Presidente y ciudadano ante cualquier tema y convocatoria legal a las que siempre asistiré para que todo funcionario corrupto sea sancionado. Ajeno a sobornos y coimas, creo que la única riqueza para un político es el honor de servir al pueblo y representar a la nación", dijo Alan García poco después de finalizar su declaración ante la fiscalía peruana por el caso Odebrecht, en febrero de 2017. En dicha ocasión, el ex Mandatario aún no era del todo implicado en la red de corrupción y había viajado desde Madrid, donde residía, para dar su versión como testigo sobre otra arista de la red de sobornos.
La pesadilla de García comenzaría un mes después, tras ser denunciado por atentar contra la administración pública por la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. Algunas semanas antes, la empresa brasileña había admitido el pago de sobornos por esta obra y su ex viceministro de Comunicaciones,
Jorge Cuba Hidalgo, había sido encarcelado por ello. "Como siempre, estoy dispuesto a toda investigación y a concurrir a cualquier citación", reaccionó el ex Mandatario. En julio del mismo año la fiscalía confirmó la indagación en su contra.
El proyecto del Metro de Lima fue gestado el 2009, precisamente durante el Gobierno de García, y la ejecución se acordó de forma acelerada. El primer tramo de la Línea 1 fue inaugurado en 2011 y construido por Odebrecht. Según consigna el medio RPP, la Contraloría detectó un perjuicio económico al Estado de US$111 millones solo en ese tramo. En el caso del segundo, la cifra alcanzaría los US$301 millones.
En febrero de 2018, las sospechas sobre corrupción en torno a García se incrementaron. Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, admitió ante la fiscalía que la empresa financió campañas electorales del partido Aprista, entre ellas, la presidencial de García en 2006. A raíz de ello, el fiscal Pérez abrió en junio una investigación por lavado de activos en contra del ex Mandatario. En la ocasión también se formalizó a los ex jefes de Estado Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, por aportes ilícitos a sus respectivos partidos.
Sin embargo, la gran causa en su contra tomó vuelo recién el 4 de octubre del año pasado. Ese día, el ex director de contratos de Odebrecht, Antonio Carlos Nostre, declaró que la constructora pagó US$24 millones en sobornos para adjudicarse la licitación de la Línea 1 del Metro. García, como era de esperarse, fue citado a declarar y viajó a la capital para ello.
Apenas llegado al país, el 15 de noviembre el portal de noticias IDL-Reporteros reveló que el ex Presidente peruano había recibido un pago de US$100.000 por una conferencia realizada en Brasil ante la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP). La investigación periodística dio cuenta de que los recursos se entregaron a través de la denominada "Caja 2" de Odebrecht – afiliada a FIESP -, que según directivos era utilizada por la empresa para el pago de coimas y operaciones clandestinas en diversos países del continente.
Ante ello, la fiscalía amplió las investigaciones contra García y añadió nuevos cargos por colusión y lavado de activos, y solicitó su arraigo nacional por 18 meses. El 17 de noviembre el Poder Judicial dio el visto bueno a la petición. "Lamento mucho que se use este tipo de instrumentos para difamar a una persona política", afirmó García.
Rodeado por investigaciones
Con todos los ojos puestos sobre él y denunciando persecución política, el ex Presidente de 69 años solicitó asilo político a Uruguay. Intentaba replicar lo realizado en 1992, cuando se asiló en Colombia y luego en Francia, tras ser acusado de enriquecimiento ilícito durante su primer mandato. En 2001 la Corte Suprema declaró la prescripción del delito.
"Hoy, una vez más, en mi patria, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución (...) (se) ha creado un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimiento investigatorios", denunció García.
Las acusación fue negada por el Gobierno peruano y tras la controversia generada en ambos países, el Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, rechazó la solicitud de asilo. "En Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y especialmente el Poder Judicial", aseguró.
Ante la negativa uruguaya, el ex jefe de Estado se mantuvo en la capital y su situación jurídica empeoró. Gracias a un acuerdo de colaboración entre los fiscales y la constructora, ésta entregó nuevas informaciones.
La más reciente reveló que la compañía le habría pagado
al menos US$4 millones a quien fue su mano derecha y ex secretario de la Presidencia, Luis Nava. Él y su hijo, José Antonio Nava, recibieron depósitos de la denominada "Caja 2" entre 2006 y 2010, es decir, durante el segundo gobierno de García. El dinero habría sido entregado una parte en efectivo y otra a través de las cuentas offshore de Miguel Atala, ex vicepresidente de Petroperú.
Nava y Atala fueron detenidos este miércoles.
Además, según un informe de la Comisión Lava Jato, durante el mandato del líder aprista se firmó parte de la construcción de la carretera Interoceánica Sur, que significó un pago de más de US$144 millones para la concesionaria que lideraba Odebrecht. El costo del proyecto duplicó a lo estimado originalmente.
"A mí no se me menciona, espero que las personas mencionadas respondan y hagan sus descargos (…) Estoy con impedimento de salida del país que ya es una sanción, soy el hombre más investigado en Perú en los últimos 30 años", aseveró ayer Alan García a Canal N, haciendo referencia a estas revelaciones.
Luego, en una entrevista con RPP se refirió a los rumores sobre su eventual detención. "Con especulaciones no se priva a personas de la libertad, ni siquiera de manera preliminar. A mí me parece que eso sería una gran injusticia, aunque las hemos visto últimamente", sentenció.
