Tras la acusación formal realizada este martes en contra del ex Presidente de Perú,
Ollanta Humala, y a su esposa,
Nadine Heredia por los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral, se conoció la extensión de las cadenas exigidas: 20 años para el ex Mandatario y 26 años y seis meses para su pareja.
El fiscal a cargo, Germán Juárez, explicó a la prensa que "para Ollanta Humala se está pidiendo 20 años de pena privativa de la libertad por lavado de activos agravado" por hechos que están referidos a la campaña electoral de 2006 y 2011.
En el requerimiento acusatorio contra Heredia se está pidiendo 26 años y seis meses de cárcel, "toda vez que existe un concurso de delitos" por "haber percibido dinero maculado (sucio) en la campaña de 2006, por actos de ocultamiento, compra de inmuebles, y por la campaña de 2011".
Juárez,sostuvo que "la acusación está basada en la recopilación de copiosa información que se obtuvo en Brasil" y las investigaciones de su oficina. Además, "están orientadas a establecer que hubo un delito de lavado de activos en las campañas del año de 2006 y del año 2011 por parte del Partido Nacionalista, que fue instrumentalizado por los principales coacusados en el caso".
Además, la acusación fiscal incluyó al partido Nacionalista, fundado por Humala y Heredia, como imputado para que sea disuelto, en el caso de lograr una sentencia condenatoria, por haber sido "instrumentalizado para efectos de lavar dinero".
US$3 millones
En la campaña electoral del 2011, que Humala ganó a Keiko Fujimori, Odebrecht entregó tres millones de dólares para la campaña del partido Nacionalista, de los cuales un millón fueron recibidos personalmente por Nadine Heredia, según confesó el ex superintendente de la constructora en Perú Jorge Barata a la fiscalía peruana.
Según la fiscalía, se hizo uso del "pitufeo", lo que significa hacer depósitos de dineros en distintos montos que no pueden llegar a ser detectados por la instituciones reguladoras.
El Comercio menciona que el dinero habría ingresado a las cuentas de su partido y otra parte a las del matrimonio.
Tras la victoria electoral de Humala, Odebrecht ganó la concesión, junto a la española Enagas y la peruana Graña y Montero, del Gasoducto Sur Peruano, una obra de 7.000 millones de dólares, que tras el escándalo fue anulada por el Estado peruano.
Sin embargo, los aportes irregulares se remontan, según la Fiscalía, a la campaña de 2006, que Humala perdió ante Alan García, procedentes del Partido de los Trabajadores del ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El dinero para financiar esa primera campaña nacionalista fue ingresado a las cuentas de Heredia como presuntos pagos por contratos laborales, que resultaron ficticios, según la investigación de Juárez.
El fiscal del caso indicó que están evaluando "cuál es la mejor medida (detención o comparecencia) a efectos de garantizar la presencia de los imputados en el proceso o un eventual juicio oral".
Humala y su esposa cumplieron nueve meses de prisión preventiva hasta abril del año pasado en que una resolución del Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación al revocar la detención.
Respuesta de abogado
En esta jornada, Juárez logró que el juez Richard Concepción Carhuancho declare improcedente el recurso de tutela de derechos presentado por el abogado de los Humala, César Nakazaki, para evitar que la Fiscalía incorpore documentos referidos a los contratos ficticios atribuidos a Nadine Heredia.
"Son documentos que son importantísimos para la acreditación de la acusación que está haciendo el Ministerio Público", señaló el fiscal tras la audiencia judicial.
Por su parte, Nakazaki declaró que "hoy comienza una segunda etapa en la defensa del ex Presidente Humala y de su esposa. Ya hemos terminado la investigación preparatoria, y ya estamos en la etapa intermedia con la presentación de la acusación".
El abogado del ex gobernante agregó que "sólo vamos a aceptar que haya una acusación con pruebas legales y uno de los requisitos de la prueba legal es que el fiscal solo acuse con las pruebas producidas en la investigación preparatoria", al criticar la documentación referida a los contratos de Heredia con la empresa Apoyo Total.
Después de presentada la acusación fiscal, la Sala Penal Nacional tiene un plazo de 20 días para convocar a una audiencia de inicio del proceso, señaló el fiscal del caso.
