La justicia argentina impuso este lunes penas de 42 y 45 años de prisión a los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, respectivamente; y de 18 años al jardinero Armando Gómez por abusos sexuales a alumnos con discapacidad auditiva cometidos en un instituto de la provincia de Mendoza .
Las tres personas fueron declaradas culpables de diversos delitos sexuales, con diversos agravantes por tener a su cargo a los menores, en un total de 25 casos sucedidos en el Instituto Antonio Próvolo.
La investigación del caso comenzó a finales de 2016, cuando un ex alumno hipoacústico -que actualmente tiene 19 años- del instituto de la localidad mendocina de Luján de Cuyo -el cual está cerrado desde diciembre de ese año-, denunció haber sufrido abusos en el centro por parte de Corbacho cuando tenía 5 años.
En las audiencias del proceso, que se realizaron durante tres meses este año,
se conocieron los testimonios de jóvenes sobre las violaciones y toqueteos cometidos por los sacerdotes en sus dormitorios y en los baños del colegio. También relataron que sufrieron maltratos y fueron obligados a ver imágenes pornográficas.
Los testimonios fueron considerados verídicos en la etapa de instrucción previa al juicio y avalados por los distintos elementos encontrados en los allanamientos al instituto, como registros de las denuncias realizadas por los padres que luego no llegaban a buen puerto, ropa interior presuntamente manchada con residuos de los imputados o fotografías de una menor desnuda en la computadora de Corbacho y las cadenas que éste supuestamente usaba para amarrar a una joven con el fin de someterla.
La causa ya tiene como condenado al monaguillo Jorge Bordón, de 51 años, quien confesó el año pasado, durante un juicio abreviado, que fue autor de once abusos y tendrá que cumplir diez años de prisión.
Un caso conocido
El instituto Próvolo cuenta con una sede en Verona (Italia), donde en 2009 un grupo de 67 ex alumnos denunció abusos por parte de varios sacerdotes, entre los que se encontraba Corradi, oriundo de la ciudad italiana, según testimonios como el de Ana Franchetto, quien afirmó que el cura que hoy fue condenado le "arruinó la vida".
En 2014, una delegación de antiguos alumnos sordos del centro italiano se reunió con el
Papa Francisco en el Vaticano para entregarle una carta con los nombres de los 25 sacerdotes presuntamente pederastas que había en ese lugar y alertando de la presencia de Corradi y otros religiosos en Argentina.
Por su parte, tras destaparse el caso en Argentina, la Santa Sede envió en 2017 a dos sacerdotes trasandinos a investigar lo ocurrido en Mendoza. Uno de ellos, el vicario judicial Dante Simón, dijo entonces a The Associated Press que los hechos denunciados eran "horribles" y "más que verosímiles".
En un informe que elevó a la cúpula de la Iglesia, Simón pidió la aplicación de la máxima pena para Corradi y Corbacho, es decir, "que sean dimitidos directamente por el Santo Padre". El informe debe ser revisado por la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Simón señaló que el Papa le había expresado que "estaba muy preocupado por esta situación", pero muchos en Argentina se preguntan por qué el Pontífice no removió a Corradi como autoridad del Próvolo de Mendoza tras ser advertido sobre las denuncias en su contra en Italia.
En el caso argentino hay también imputadas
dos monjas, en arresto domiciliario, por el encubrimiento de los abusos sexuales, que serán juzgadas en piezas separadas.
Una de las monjas es Kosaka Kumiko, de origen japonés, sobre quien una supuesta víctima señaló que había sido quien le puso el pañal tras la violación que sufrió, presuntamente por parte de Corbacho, para ocultar que había sido violada, lo que la hace presunta cómplice del delito del abuso.
La religiosa negó los hechos por los que se le acusa en las varias declaraciones que realizó frene a la Fiscalía durante este año.
