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Con fecha 17 de diciembre de 2020, se nos hizo llegar información por parte de la persona involucrada, señalando que portaba sólo 5 mililitros de la sustancia producto de la detención, lo que es una dosis médica.
Lo anterior fue corroborado por la Psiquiatra del Hospital Público de Sanglah, Indonesia, Dra. Lely Setiawati, hospital donde este chileno fue sometido a exámenes y permaneció en observación durante un mes. Luego de ese periodo se determinó que efectivamente debía portar esta sustancia con el objeto de tratar su síndrome de ADHD, attention disorder, por lo cual fue finalmente liberado y salió del país extranjero sin cargos.
Entre el 4 de noviembre y el 12 de diciembre pasado seis extranjeros fueron detenidos por narcotráfico en Indonesia, entre ellos un chileno. Los detenidos arriesgan la pena de muerte debido a que el delito es uno de los más perseguidos por el país asiático.
El empresario criollo
Pablo Vergara Varas (57) fue sorprendido con 77,26 gramos brutos de metanfetamina, según el vocero de la policía aeroportuaria de aduanas,
Teddy Triatmojo. Transportar esa cantidad de droga -según la legislación indonesia- puede ser causal de una sentencia que va de
cinco años de cárcel hasta la pena capital, debido a que supera el límite de los 5 gramos de metanfetamina.
Este hecho pone nuevamente en la palestra la estricta legislación indonesia sobre el narcotráfico y el porte de drogas, que ha dejado numerosos casos, pero, ¿cómo actúa la legislación del país asiático en estos casos?
Persecución al narcotráfico y al consumo
"No te involucres con las drogas ilegales. La posesión, el tráfico y la fabricación de cualquier droga ilegal son delitos graves en Indonesia. Las autoridades indonesias tienen una política de tolerancia cero y los detenidos enfrentan largas condenas de prisión o la pena de muerte, generalmente después de un proceso legal prolongado y costoso", advierte el Reino Unido a los británicos antes de visitar Indonesia.
Esto ocurre debido a que es conocido que en ese país la legislación respecto a las drogas es una de las más estrictas del mundo.
"La policía a menudo allana lugares (particularmente en Bali) conocidos por atraer extranjeros. Es posible que tenga que hacerse un análisis de orina o de sangre si existe una sospecha razonable de que se han usado drogas", agrega el documento.
5años de cárcel hasta la pena de muerte arriesga el chileno detenido por narcotráfico en Indonesia
Esta situación, no obstante, es común en países asiáticos como Brunei, China, Filipinas, Malasia, Singapur o Tailandia, entre otros, donde actualmente está vigente la pena de muerte para este tipo de delitos.
Cuando el Presidente indonesio Joco "Jocowi" Widodo, ascendió al poder en 2014, el Mandatario ordenó una serie de ejecuciones a presos extranjeros condenados por delitos relacionados con las drogas. Desde ahí en adelante se han endurecido las penas.
"El Presidente Jokowi ejecutó a 14 personas en los cuatro meses transcurridos desde su elección. Jamás se habían ejecutado en Indonesia tantas personas en tan breve espacio de tiempo", indicó a Equal Times Ricky Gunawan, abogado especializado en derechos humanos de la organización LBH Masyarakat (Instituto de Asistencia Legal Comunitaria), con sede en Yakarta.
Tras asentarse en su cargo, Jocowi declaró públicamente su intención de extender la "lucha contra la droga", la que él considera el principal problema en Indonesia. Según cifras publicadas por Al Jazeera, alrededor del 60% de las 12.000 personas detenidas en la capital Yakarta fueron procesadas por consumo o venta de drogas.
Las rígidas penas para el narcotráfico
Según la ley de Indonesia, "la posesión y el tráfico de todas las drogas enumeradas (en la ley) son ilegales a menos que sean realizadas por personas o empresas aprobadas por el Gobierno".
El Ejecutivo considera que a las personas procesadas por tener "drogas del grupo 1 – las que son terapéuticamente inútiles con un alto potencial de causar adicción- arriesgan las penas más estrictas: cadena perpetua por posesión y la pena de muerte para los narcotraficantes condenados".
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La posesión se castiga con 4 a 12 años de cárcel y multas de US$ 89.600 a US $ 896.000. Si las drogas exceden 1 kilogramo (para drogas crudas como la marihuana) o 5 gramos (para drogas procesadas como la heroína y la cocaína),
se puede imponer un castigo máximo de cadena perpetua", estipula el texto.
La organización Death Penalty Worldwide sostiene respecto a los delitos de narcotráfico en ese país, que "la participación en la fabricación, el tráfico, la conspiración o el crimen organizado relacionado con la fabricación o el tráfico se castiga con la muerte. De conformidad con el artículo 89 de la Ley Nº 23 de 2002 sobre protección de la infancia, la participación de niños en la producción, el tráfico o el uso de estupefacientes se castiga con la muerte".
Mientras que sobre la posesión de drogas consigna que "en virtud del artículo 59 de la Ley Nº 5 de 1997 sobre drogas psicotrópicas, el uso, la producción, la posesión o el tráfico de drogas psicotrópicas como 'crimen organizado' se castiga con la muerte".
Casos más polémicos
En junio de 2008 dos nigerianos fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento tras ser declarados culpables por tráfico de drogas y, desde ese año, en al menos cuatro ocasiones diferentes se ha repetido este patrón.
Pero uno de los casos más controversiales ocurrió en 2015, cuando el brasileño Rodrigo Gularte fue ejecutado –junto con otros siete extranjeros- por tráfico de drogas, pese a que las autoridades de Brasil pidieron clemencia, el Gobierno indonesio se negó a la petición.
60%de los etenidos en Yakarta fueron procesados por porte o tráfico de drogas
Gularte había sido capturado en julio de 2004 en el aeropuerto de Yacarta transportando seis kilos de cocaína escondidos en una tabla de surf.
En otro caso, en julio de 2018 el chileno Victor Ortega se libró de correr la misma suerte al ser sorprendido por la policía portando semillas de marihuana, que habría adquirido de manera legal en Holanda, en el aeropuerto internacional Ngurah Rai.
El criollo pasó casi ocho meses enfrentando la justicia indonesia, pero finalmente fue liberado en marzo de 2019 luego de que un equipo de trabajo liderado por el senador Francisco Chahuán y el abogado Juan Carlos Manríquez apoyó su defensa, logrando cambiar la calificación de tráfico que se le imputó en primera instancia por porte para consumo.
Rechazo internacional
Las ejecuciones por este tipo de delitos han sido fuertemente rechazadas por organismos internacionales.
Amnistía Internacional (AI) registró en 2015 un total de 14 ejecuciones en Indonesia por acusaciones de tráfico de drogas, llevando a cabo el fusilamiento con los ojos vendados. Según el organismo estás "técnicas" son las preferidas del Presidente indonesio Widodo.
"Cuando el Gobierno dice 'tenemos que endurecer la lucha contra la droga', la policía y los militares suelen interpretarlo como un cheque en blanco para hacer todo lo que quieran", consignó Diederick Lohman, director asociado de la División de Salud y Derechos Humanos de Human Rights Watch (HRW).
"Podría conducir a torturas generalizadas, ejecuciones y asesinatos arbitrarios. Nos preocupa mucho este tipo de efectos indirectos en Indonesia", sentenció respecto a las estrictas sentencias de ese país.
