El ex jefe de la policía catalana defendió este lunes su actuación en los días previos al fallido intento de secesión en 2017, en la primera jornada del juicio a la cúpula del cuerpo en un tribunal cerca de Madrid.
Josep Lluís Trapero, al frente de los Mossos d'Esquadra durante las convulsas semanas que derivaron en la fracasada declaración de una "República Catalana" el 27 de octubre de 2017, es el principal acusado en este juicio que tiene lugar en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, 20 km al este de Madrid.
Junto a él son procesados el director y una intendente del cuerpo policial así como un responsable del departamento de Interior del gobierno regional catalán.
La fiscalía, que los acusa de haber colaborado con los dirigentes independentistas catalanes, pide once años de cárcel por rebelión para Trapero y los otros dos responsables policiales y políticos del cuerpo, Pere Soler y César Puig, y cuatro años por sedición contra la intendente Teresa Laplana.
Llegado con bastante antelación al tribunal ubicado en una zona industrial, y cuya entrada estaba atestada con gran número de cámaras y periodistas, Trapero fue el primero en responder las preguntas de la fiscalía.
Trapero niega "pasividad"
En esta primera jornada del juicio que se extenderá hasta el 19 de marzo y por el que desfilará un centenar de testigos, Trapero defendió su labor y la de los Mossos el 20 de septiembre de 2017, durante una manifestación independentista frente a una sede del gobierno regional que era registrada, y que se saldó con vehículos de la Guardia Civil destruidos.
"¿Que nos equivocamos en el planteamiento? No lo sé", indicó Trapero, quien garantizó que el objetivo fue siempre "ayudar a la Guardia Civil (...) y que aquella jornada transcurriese dentro de un orden".
"Hablar de pasividad (de los Mossos), no lo puedo asumir", afirmó.
Este juicio se produce tres meses después de que el Tribunal Supremo condenara en octubre a nueve líderes separatistas a penas de hasta 13 años de cárcel, una sentencia que desencadenó fuertes protestas, en ocasiones violentas, en la región nororiental de España.
También tiene lugar en un delicado contexto político, en momentos en que el flamante gobierno del socialista Pedro Sánchez busca iniciar un diálogo con los independentistas catalanes para dejar atrás la batalla judicial emprendida contra el movimiento, siendo por ello objeto de duras críticas de la oposición de derecha y extrema derecha.
"La justicia se acabará imponiendo a la venganza", tuiteó el presidente regional catalán, el independentista Quim Torra.
El juicio se centrará en el papel que jugó la policía catalana en los meses de septiembre y octubre de 2017, cuando los dirigentes regionales impulsaron un referéndum de autodeterminación ilegal y proclamaron una fallida república independiente en Cataluña.
La justicia acusa a los Mossos de haber cooperado con la cúpula política y haber actuado con "total pasividad" a la hora de impedir la votación ilegal del 1 de octubre, que quedó marcada por la violenta intervención de los cuerpos policiales dependientes del Gobierno español en los colegios electorales.
Ya Trapero había defendido su actuación y las de sus agentes al declarar como testigo en el juicio en el Tribunal Supremo contra los líderes políticos del movimiento, a quienes acusó de
"irresponsabilidad" por persistir en realizar una votación prohibida por la justicia.
Trapero llegó a señalar que los Mossos estaban listos, si lo solicitaban los tribunales, para detener al entonces presidente regional Carles Puigdemont, que huiría a Bélgica tras la fallida declaración de independencia.
