Más de 400 periodistas habrían sido investigados durante el Gobierno del ex presidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), según denunció la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) ante la Justicia, que solicitó indagar al ex Mandatario.
La interventora de la AFI, Graciela Caamaño, realizó la denuncia judicial por la supuesta "producción de inteligencia ilegal respecto a periodistas, académicos, organizaciones sociales y partidos políticos" el pasado viernes y mañana presentará ante el Juzgado Federal 11 los archivos hallados en la entidad, que según su declaración, demostrarían que las anteriores autoridades del organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, llevaron adelante el operativo.
La funcionaria solicitó en su denuncia la declaración indagatoria de los agentes involucrados, de Arribas, Majdalani y del ex presidente Macri, "en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional", indicaron las fuentes.
De acuerdo a la denuncia, en la instancia se establecieron lineamientos para otorgar las acreditaciones a periodistas para las cumbres de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y del G20 que se celebraron en 2017 y 2018 y, según sostiene, las tareas de inteligencia no habrían sido ordenadas ni autorizadas por un magistrado.
Entre el material hallado en una caja fuerte de la Dirección de Eventos Especiales de la AFI se encuentran las fichas de
403 periodistas,
28 académicos y otras 59 personas, separadas en tres sobres con las leyendas "2017", "Periodistas G20" y "Varios".
Los periodistas estaban identificados según un "semáforo ideológico", en el que eran marcados con color verde los más cercanos al Gobierno de Macri, otros en amarillo y en rojo, los críticos. Entre los profesionales figuran periodistas de agencias internacionales, periódicos, canales de televisión de distintos países, e incluso aparecerían algunos reporteros chilenos.
La denuncia presentada por la interventora de la AFI sostiene que "las fichas contienen información de todo tipo y color: vinculaciones en los medios de comunicación, preferencias políticas, publicaciones en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y/o cultural, entre otras cuestiones que nada tienen que ver con el contenido del evento para el cuál supuestamente se estaban realizando este tipo de tareas sin control ni orden jurisdiccional".
Macri y su ex jefe de Inteligencia imputados
A fines de mayo un fiscal imputó a Mauricio Macri y a quien fuera titular de la Agencia Federal de Inteligencia durante su Gobierno, Gustavo Arribas, entre otros ex funcionarios, por supuesto espionaje ilegal en su mandato.
El fiscal Jorge di Lello hizo lugar a la denuncia presentada por la actual interventora de la AFI, Caamaño, nombrada en el cargo por el Gobierno de Alberto Fernández, que asumió en diciembre pasado tras vencer en las urnas a Macri.
"Las fichas contienen información de todo tipo y color: vinculaciones en los medios de comunicación, preferencias políticas, publicaciones en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y/o cultural, entre otras cuestiones que nada tienen que ver con el contenido del evento para el cuál supuestamente se estaban realizando este tipo de tareas sin control ni orden jurisdiccional"
Según expresa el procurador en su dictamen de imputación, que ya envió al
juez Marcelo Martínez de Giorgi -a quien corresponderá confirmar o desestimar la apertura de la investigación-, la denuncia se dirige contra, en primer lugar, personas que resultarían agentes de inteligencia, cuyos nombres se mantienen en reserva.
Esa denuncia fue interpuesta tras el hallazgo de un disco duro en el marco "de las tareas de relevamiento de información" de la agencia de inteligencia.
En ese disco, "se habrían encontrado rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política" del país, como periodistas, dirigentes y fuerzas policiales.
La denuncia afirmaba, según el dictamen de Di Lello, que la información supuestamente recopilada era utilizada "con la finalidad de producir inteligencia ilegal", ya que "no obran registros en la AFI que esas tareas hallan sido ordenadas por algún juez, o autoridad competente".
