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Santiago: Sábado 20 de diciembre del 2025 | Actualizado 19:56
La orden ejecutiva le daría a los departamentos de policía un incentivo financiero para adoptar las mejores prácticas, y empujar programas en que trabajadores sociales se unan a la policía para atender llamados de situaciones no violentas, que involucren temas de salud mental, adicciones o personas en situación de calle.
La directriz presidencial también requiere que el fiscal general cree una base de datos que registre despidos, condenas penales y juicios civiles en contra de oficiales policiales por excesivo uso de la fuerza. La participación es promovida al proveer ciertos beneficios sólo a aquellas agencias que entreguen la información requerida.
Un policía neoyorquino durante las protestas de mayo. | AFPMuchos policías que terminan involucrados en incidentes fatales, tienen un largo historial de quejas por parte del público, incluyendo a Derek Chauvin, el policía blanco de Minnesota que ha sido procesado por asesinato del afroamericano George Floyd. Chauvin tiene al menos una docena de quejas en su contra, de acuerdo a los registros.
Pero esa información en muchos casos no se hace pública, haciendo difícil saber si los funcionarios tienen antecedentes. Y algunos departamentos de policía hacen un mal trabajo en llevar un registro de quejas por mala conducta, ya que no todas están justificadas por una variedad de razones. Organizaciones a favor de reformas policiales dicen que esta es una oportunidad perdida para identificar y corregir problemas de conducta, antes de que ocurra un incidente fatal.
Una base de datos nacional forzaría a ciertos departamentos a tener mayor transparencia y responsabilidad, pero como en otros casos finalmente depende de la voluntad de cada localidad para participar.
Trump dijo que estaba prohibiendo el uso de la técnica de estrangulamiento, pero no es tan así: lo que está haciendo es incentivar aquellas prohibiciones a través de estímulos financieros para los departamentos de policía.
El estrangulamiento se transformó una vez más en un símbolo de la brutalidad policial tras la muerte de Floyd. Aparece como una potencial maniobra táctica en que un policía corta el flujo respiratorio al aplicar presión en el cuello del sujeto. El policía involucrado en la muerte de Eric Garner fue acusado de usarla, pero él sostiene que estaba utilizando una técnica legal para inmovilizar a una persona conocida como "cinturón", que es parecida, pero no implica el bloqueo del paso del aire. Los estrangulamientos, en tanto, ya se encuentran masivamente prohibidos por numerosos departamentos alrededor de Estados Unidos.
Manifestantes encaran a un policía en manifestaciones en Minneapolis. | APEsa puede ser una materia de disputa legal. Han existido varias acciones legales en el pasado en contra del gobierno de Trump, por intentar condicionar el financiamiento para las fuerzas de orden en base a políticas específicas.
Una situación similar ocurrió en 2017, cuando el Departamento de Justicia dijo que retendría dineros de beneficios a las llamadas "ciudades y estados santuario", hasta que le entregasen a las autoridades migratorias federales acceso a las cárceles y entregasen avisos anticipados, cuando alguien que estuviese en el país ilegalmente fuese liberado.
Las cortes estadounidenses han estado divididas frente al tema. Un juez federal en Los Angeles sentenció en febrero el bloqueo al gobierno de Trump de imponer tales condiciones. Pero antes de eso, también este año, un juez de una corte de apelaciones de Nueva York dijo que el gobierno puede retener millones de dólares en beneficios para las fuerzas de orden, para forzar a los estados a cooperar con las autoridades migratorias. Esa decisión entra en directo conflicto con tres otras cortes de apelaciones a nivel federal.
La orden ejecutiva instruye al Departamento de Justicia de impulsar a las agencias de policía a ser certificados por "un órgano independiente y con reputación". Bajo esa orden, el Departamento de Justicia podría asegurarse que una agencia policial sólo reciba la acreditación, si es que sus políticas de uso de la fuerza están en concordancia con las leyes federales, estatales y locales.
La Comisión de Acreditación para Agencias Policiales actualmente ya se encarga de entregar acreditaciones a departamentos de policía. En su lista aparecen cerca de 1.000 departamentos que han recibido la credencial, de unos 18.000 que existen en todo el país.
Matthew Hickman, docente y experto en justicia criminal en la Universidad de Seattle, dice que no hay una investigación definitiva que pruebe que las agencias que tienen la acreditación sirvan de mejor forma a las personas. "Es bueno para las personas que se sepa que su agencia ha pasado por un proceso de acreditación profesional", dice. "Eso dice algo sobre el compromiso de adherir a mejores prácticas", añade Hickman.
