La ONU dijo este martes temer que Myanmar se hunda en un conflicto generalizado como en Siria, tras el golpe de Estado rechazado por vastos sectores de la población que celebró en pie de lucha el primer día del Año nuevo budista.
Myanmar se encuentra sumido en el caos desde que el 1 de febrero la junta militar se hizo con el poder, derrocando a la ex líder civil Aung San Suu Kyi.
Según un recuento efectuado por la Asociación de asistencia a presos políticos (AAPP),
la represión ha provocado al menos 710 muertos, entre ellos 50 niños. Unas 3.000 personas han sido detenidas.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo temer "que la situación en Birmania se dirija hacia un conflicto generalizado" e instó a los Estados a "tomar medidas inmediatas, decisivas y efectivas" para obligar a la junta a cesar su represión.
"Hay ecos claros de 2011 en Siria. Allí también vimos manifestaciones pacíficas reprimidas con una fuerza innecesaria y por completo desproporcionada. La represión brutal y persistente del Estado contra su propio pueblo condujo a algunas personas a tomar las armas, lo que fue seguido de una espiral de violencia en todo el país", afirmó Bachelet en un comunicado.
Diez años después, el conflicto en Siria ha dejado cerca de 400.000 muertos.
"Los Estados no deben permitir que se repitan los errores fatales que se cometieron en Siria y otras partes", añadió Bachelet.
El golpe de Estado ha suscitado numerosas condenas en las capitales occidentales, a veces acompañadas de sanciones contra la junta y sus intereses financieros.
La represión en el ámbito judicial tampoco pierde fuelle. Un tribunal militar de Rangún condenó a muerte a siete manifestantes, acusados de haber matado a un supuesto informante, según reportó un medio estatal de prensa este martes. Tres de los manifestantes fueron juzgados en ausencia.
Por otro lado, la junta también anunció este martes que
decenas de personas fueron añadidas a la lista de personas buscadas por las autoridades, que ya asciende a 260, entre famosos, médicos y ciudadanos corrientes.
Muchos están acusados de propagar mensajes contra la junta, y los médicos, de haber atendido en clínicas privadas a manifestantes heridos, según medios estatales.
