El Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Changsha, en el centro de China, sentenció a entre 2 y 5 años de cárcel a tres trabajadores de la ONG china Changsha Funeng por "subversión del poder estatal", informó hoy a la agencia Efe la esposa de uno de los condenados.
Shi Minglei -mujer de Cheng Yuan, fundador de la ONG, dedicada a combatir la discriminación de las personas con discapacidad, con Hepatitis B y con VIH, entre otros casos- aseguró por teléfono desde Estados Unidos, donde está actualmente exiliada, que su marido fue sentenciado en secreto a 5 años de cárcel.
Mientras, sus compañeros
Wu Gejiangxiong y Liu Dazhi fueron condenados a tres y dos años, respectivamente.
La fuente agregó que la sentencia incluye igual número de años de pérdida de derechos políticos que los que deberán cumplir en prisión cada uno de ellos, conocidos conjuntamente como "los tres de Changsha" y que fueron arrestados el 22 de julio de 2019 y puestos bajo custodia desde entonces.
Según Shi, al haberse cumplido dos años desde su detención el pasado 22 de julio, Liu Dazhi, condenado a dos años de cárcel, fue puesto en libertad y trasladado por la Policía a casa de su madre en la localidad de Huaihua -en la provincia de Hunan, de la que Changsha es capital- y permanece bajo vigilancia.
Sin embargo, y a pesar de haberse cumplido también los dos años de suspensión de derechos políticos, no se le ha devuelto el pasaporte.
Juzgados en secreto
Las familias y organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que "los tres de Changsha" han sido sometidos a lo que consideran juicios secretos: sin acceso a abogados independientes, sin comunicación con las familias, sin registros del caso en el sistema informático judicial, procesados a puerta cerrada y sin las notificaciones pertinentes a los familiares.
Las autoridades pueden invocar el artículo 188 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de China por la cual "los casos de primera instancia que contengan secretos de Estado o información personal privada podrán no ser juzgados de manera pública".
Los familiares desconocen dónde cumplirán las penas Cheng y Wu
Pero el mismo artículo estipula que cuando los casos sean a puerta cerrada ha de aportarse una razón para ello, algo de lo que Shi no tiene constancia.
La ausencia de avisos oficiales sobre el juicio a los familiares supone una vulneración del artículo 187 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de China.
El responsable del equipo de China de la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), Joshua Rosenzweig, consideró "indignante" el trato dispensado a "los tres de Changsha", y se refirió a las penas como "severas".
"Es impactante que los abogados designados por el Gobierno se negaran incluso a informar a los familiares del trío de sus destinos. Las autoridades deben liberar de manera inmediata e incondicional a Cheng y Wu, quienes siguen encarcelados solo por defender los derechos humanos de manera pacífica", agregó Rosenzweig.
