La nueva Presidenta peruana, Dina Boluarte, presentó el sábado su primer gabinete, un gobierno integrado por ministros de perfil técnico y con amplia presencia de mujeres, que tendrá que navegar las aguas bravas de la crisis peruana en la que les puede pesar su falta de experiencia en política frente a un Congreso de mayoría opositora con los colmillos afilados.
Al frente de ese gobierno ha situado a un ex fiscal supremo como primer ministro, una figura clave en Perú. Se trata de Pedro Angulo, un hombre vinculado al mundo del derecho con una amplia carrera en el Ministerio Público.
Al tomar su juramento, Boluarte modificó levemente las palabras protocolarias para exigirle que
jurara perseguir especialmente la corrupción, una fórmula con la que busca atraer simpatía en la sociedad peruana, hastiada de políticos que dejan sus cargos y se encaminan a prisión.
Es una fórmula que repitió con el resto de ministros y con la que, claramente, busca ganarse a la ciudadanía y crear una base social de la que, por ahora, carece.
El perfil político de Angulo le aleja mucho de los votantes que optaron por Pedro Castillo -un sindicalista y maestro rural destituido por el Congreso tras su fallido autogolpe- y por Boluarte. Ambos constituían la candidatura para la Presidencia y Vicepresidencia peruana en las elecciones de 2021 por el partido Perú Libre, que se denomina marxista-leninista.
Frente a un partido marxista ortodoxo, Angulo fue precandidato presidencial (aunque finalmente no concurrió a las urnas) por el partido Contigo, heredero de Peruanos Por el Kambio, la organización con la que llegó a la jefatura del Estado Pedro Pablo Kuczynski.
Es decir, frente al mundo rural, de movimientos sociales contestatarios y de tradición de la izquierda,
Boluarte ha buscado un profesional del derecho, urbano y de profundas convicciones neoliberales.
De hecho ya han comenzado a surgir voces en su contra como la de la ex ministra de la Mujer Anahi Durand, feminista y vinculada a la izquierda, ha sido la primera en señalarlo e, incluso, de acusarlo por presuntos vínculos con la corrupción.
Economía, la apuesta segura
Si algo ha quedado demostrado en Perú en los últimos años es que la política y la economía transcurren en paralelo: no importa lo turbulenta que sea una, la otra se mantendrá estable. Boluarte, como todos sus predecesores, ha optado por mantener una línea similar y ha nombrado como ministro de Economía y Finanzas a Alex Alonso Contreras Miranda, hasta ahora viceministro de Hacienda.
Su nombramiento garantiza que, al menos en materia económica, los choques con el Congreso se minimizarán.
Tras el fallido autogolpe de Estado, en el que la lealtad a la institucionalidad democrática de la Policía y las Fuerzas Armadas fue fundamental, Boluarte también ha optado por una figura de consenso para el Ministerio del Interior,
César Augusto Cervantes, un general retirado de la Policía Nacional que llegó a ser comandante general de ese cuerpo bajo el gobierno transitorio de Francisco Sagasti (2020-2021).
Bajo los ocho meses de Presidencia del liberal Sagasti, que llegó a ocupar la jefatura del Estado en uno de los momentos más turbulentos de Perú, se generó un consenso político que fue un paréntesis en el país andino y al que apunta Boluarte con este nombramiento.
La difícil tarea de crear una base social
Más allá del Congreso, Boluarte es vista como una traidora por parte de los más radicales y simpatizantes de Perú Libre que la votaron en 2021. De hecho, ella abandonó el movimiento poco después de la elección y son conocidas las desavenencias con su líder, Vladimir Cerrón, que dirige el partido con puño de hierro, a semejanza de los antiguos regímenes comunistas de Europa oriental.
El nombramiento de un gobierno con un jefe de gabinete de perfil claramente neoliberal en lo económico lo alejará en buena medida de esos movimientos sociales, rurales y campesinos que empujaron a Castillo y que fueron su último sustento.
Pese a sus continuos llamados al diálogo, pequeños grupos en distintas regiones del país han protagonizado protestas y manifestaciones que, pese a que no son especialmente violentas o numerosas,
tienen la capacidad de provocar una fuerte inestabilidad.
Está sembrada una semilla que, si Boluarte no sabe gestionar bien, puede germinar en una ola de descontento fuera de Lima que provoque un caos nacional.
En medio de esa situación, se encuentra un país extremadamente conservador, del que el Parlamento es buena muestra, y que por primera vez en 200 años de historia republicana cuenta con una presidenta.
En línea con ese perfil, ha nombrado a ocho mujeres y nueve hombres al frente de ministerios. Todavía le falta por nombrar dos más, con lo que podría constituir un gobierno paritario y tratar de atraer simpatías en los movimientos feministas o progresistas, especialmente en los ámbitos urbanos.
Sin embargo, es difícil encontrar declaraciones de Boluarte -una figura política relativamente desconocida y que ha permanecido en buena medida en la sombra desde las elecciones- que permitan catalogarla en ese ámbito.
Además, volvería a enfrentarse a uno de los grandes caballos de batalla del Congreso, que se ha negado a reconocer derechos de las mujeres (rechazó por abrumadora mayoría despenalizar el aborto en caso de violación) y se opone frontalmente a reconocer derechos a la comunidad LGBTI+.
Entre uno y otro mundo, con la amenaza latente de un terremoto político que haga que la sexta presidenta de Perú en seis años suponga un espejismo, debe lidiar Boluarte, para la que encontrar el rumbo de la estabilidad es el principal desafío. Como lo es para todo el país.
