Finalmente,
Guillermo Lasso despejó las dudas y decretó la "muerte cruzada". En medio del juicio político levantado en su contra, y ante la posibilidad de que se concretara su destitución, el Presidente ecuatoriano anunció este miércoles
la disolución del Parlamento, lo que significa también su salida del Gobierno. De momento, el dirigente de centroderecha
podrá gobernar mediante decretos durante seis meses, mientras se preparan las elecciones para elegir a su sucesor y a los nuevos miembros del Poder Legislativo.
La medida, claramente, vino a recordar lo ocurrido en Perú en diciembre pasado, cuando el entonces Presidente Pedro Castillo ordenó la disolución del Congreso, que finalmente decidió destituir al Mandatario acusando un autogolpe de Estado. De todos modos, entre ambas situaciones habría diferencias, sobre todo respecto a lo dispuesto en sus respectivas constituciones.
Pero primero, vayamos a las causas de esta crisis. El 16 de marzo, un grupo de parlamentarios de oposición presentó un requerimiento para
abrir un juicio político en contra del Presidente Guillermo Lasso, el cual fue declarado admisible por la Corte Constitucional trece días después. Tras una primera aprobación en el Congreso, el martes comenzó el juicio político, donde el Mandatario dio sus descargos.
De acuerdo con la oposición, Lasso incurrió en un peculado (malversación de fondos) al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.
Esta inacción habría ocasionado un perjuicio de 6,1 millones de dólares, según estimó la Contraloría General.
En cambio, la defensa del Mandatario sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del ex presidente Lenín Moreno (2017-2021) y que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.
"No hay pruebas ni testimonios relevantes. Más bien lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente e incuestionable inocencia", aseguró Lasso durante su comparecencia del martes.
Este hecho vino a coronar el complicado paso del ex banquero por el Gobierno, marcado por protestas en su contra, diferencias con los pueblos indígenas y un creciente descontento social ante la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador.
La moción de censura fue encabezada por el movimiento Unión por la Esperanza, del ex presidente Rafael Correa -condenado a ocho años de cárcel por corrupción y que actualmente está asilado en Bélgica-. Desafortunadamente para Lasso, la oposición es mayoría en el Parlamento y contaría con los 92 votos necesarios para lograr la destitución del gobernante.
Con este panorama, el Mandatario ordenó la disolución del Parlamento. "Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente, cada día se profundiza", dijo este miércoles en cadena nacional.
Remarcó que la solución debe poner fin a "una confrontación irracional e inútil" y señaló que no es posible avanzar y enfrentar los profundos desafíos "a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo con una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado".
Las diferencias con Perú
La decisión recordó, claramente, lo ocurrido en diciembre pasado en Perú, cuando Pedro Castillo, sumido en una profunda crisis social y política, decretó la disolución del Congreso, controlado también por la oposición. El hecho fue catalogado como un autogolpe de Estado y, por el contrario, el Legislativo no se disolvió sino que decidió destituir al Mandatario, quien ahora se encuentra detenido.
Pese a que ambos decretos tenían como fin la disolución del Congreso (que tanto en Perú como en Ecuador es unicameral), existen diferencias. En el caso de lo ocurrido este martes, con la notificación de Guillermo Lasso no solo se disuelve la Asamblea Nacional, sino que se convoca a nuevas elecciones legislativas y presidenciales. He ahí el nombre de "muerte cruzada".
Así lo contempla el artículo 148 de la Constitución Política ecuatoriana, donde se establece que el Ejecutivo "podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna".
Esta tercera variable fue la invocada por Lasso para decretar la disolución, por lo que, de acuerdo con el Gobierno, la medida está ceñida a los planteamientos constitucionales. Sin embargo, desde la oposición aseguran que la situación actual no es suficiente para tomar esta decisión, por lo que sería ilegal.
Por su parte, la Constitución peruana contempla la disolución del Congreso, mas no la convocatoria a elecciones presidenciales. En este caso, de acuerdo con el artículo 134, el Mandatario puede recurrir a este mecanismo si el Legislativo "ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros".
Esto, en el caso de Castillo, no ocurrió, por lo tanto su decisión fue calificada de inconstitucional.
