Un observatorio contabilizó al menos 204 vulneraciones a la libertad de reunión pacífica y el derecho a la protesta en Bolivia durante el año pasado, en especial durante la protesta que reclamó la realización oportuna del censo de población en la región oriental de Santa Cruz.
El Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) realizó un análisis del estado de situación de las libertades de expresión, de asociación y de reunión pacífica, más el derecho a la protesta, la institucionalidad democrática y "el derecho a defender derechos", según un comunicado difundido este miércoles.
De las 204 vulneraciones, 86 casos son por detenciones de manifestantes, 39 por el "impedimento de una protesta", 36 son heridos, mientras que 15 registros son represiones a una protesta.
Otros 15 casos son por "incumplimiento al deber de protección, siete de "criminalización o judicialización de una protesta", cuatro de actividades de inteligencia encubierta y dos de obstaculización de reuniones temporales de carácter pacífico, según Unitas.
"Estos datos muestran una preocupante situación de restricción al derecho a la protesta en Bolivia durante el año 2022. Es necesario que las autoridades tomen medidas para garantizar este derecho fundamental y proteger la seguridad y libertad de los ciudadanos durante las manifestaciones pacíficas", señala el comunicado.
Agrega que "la magnitud de estas cifras" demuestra los "límites impuestos al ejercicio a la participación libre de la ciudadanía a expresar opiniones y disenso", ya que la mayoría de los casos fueron "en contra de decisiones o intervenciones políticas del Gobierno" de Luis Arce.
Según el informe, entre las protestas con el mayor número de registros de vulneraciones está la huelga ciudadana que se realizó en Santa Cruz entre octubre y noviembre del año pasado para exigir que el censo de población y vivienda se realice en 2023 y no en 2024, como lo dispuso el Gobierno.
El reporte también señala que hubo vulneraciones en las protestas en diciembre por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su posterior traslado a una cárcel en el Altiplano de La Paz acusado por su presunta responsabilidad en la crisis de 2019.
También se registraron vulneraciones en el conflicto en septiembre pasado en el que los afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz exigían el cierre de un mercado paralelo, en el que hubo "detenciones de dirigentes, represión de protestas, provocación de heridos, actividades de inteligencia encubierta".
