Israel vivió este martes una jornada de tensión y preocupación tras la aprobación ayer de una ley clave de la reforma judicial del Gobierno de Benjamín Netanyahu, que desencadenó multitudinarias protestas y agrava las divisiones internas en el país.
La aprobación ayer en la Knéset (Parlamento) de una ley que limita la intervención del Supremo en las decisiones gubernamentales ha revolucionado a un Israel que vive desde hace meses una profunda crisis interna.
Los 64 parlamentarios de la coalición gubernamental votaron a favor de
anular la doctrina de la razonabilidad, que permitía a la Corte Suprema revisar y revocar decisiones gubernamentales que considerara no razonables. Los 56 miembros de la oposición boicotearon la votación, que marca el primer gran triunfo de la reforma judicial de Netanyahu.
La aprobación de esta medida fue seguida por una ola de protestas espontáneas en todo el país, que se prolongaron hasta la madrugada de este martes.
Los israelíes amanecieron con las imágenes de la represión policial contra los manifestantes, determinados a mantener bloqueada una de las principales arterias de Tel Aviv, y que fueron finalmente desalojados a la fuerza y mediante cañones de agua.
El malestar se sintió también en la prensa local, no solo mediante duros editoriales contra el Gobierno sino también con la impresión de portadas negras por parte de cinco de los principales periódicos del país.
"Un día negro para la democracia israelí", se leía en un mensaje escrito con letras blancas en las cinco portadas, producto de una campaña impulsada y financiada por el movimiento de protesta de empresas del sector de alta tecnología contra la reforma judicial, que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la justicia, cuya independencia se vería profundamente socavada.
Otro de los colectivos organizadores de las protestas, Israel Libre, escribió a través de su cuenta de Twitter que se trata de una jornada difícil para el Estado de Israel, que sufrió una "terrible herida en el corazón" por parte de un Gobierno "dictatorial", aunque instó a "renovar y fortalecer la resistencia" contra la reforma.
La tensión se extendió además a los hospitales del país, muchos de los cuales brindaron un servicio restringido o se limitaron a tratamientos de emergencia, en el marco de una jornada de huelga por parte de la Asociación de Médicos de Israel.
El foco de atención este martes, sin embargo, no son los hospitales ni los periódicos, sino la Corte Suprema, tras la apelación por parte de grupos de la sociedad civil para que tumbe la ley aprobada ayer.
El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel argumentó que se trata de "una ley inconstitucional porque cambia fundamentalmente la estructura básica de la democracia parlamentaria israelí y la naturaleza del régimen".
La ONG denunció además que, en la práctica, la ley "abole el poder judicial y daña gravemente el delicado tejido de la separación de poderes y el sistema de contrapesos en el Estado de Israel" y "da poder ilimitado al poder Ejecutivo".
Consultado por EFE, el analista político israelí Amir Oren explicó que no existen precedentes de una intervención de la Suprema en casos como este, pero no descartó que la corte interceda, desencadenando "un enfrentamiento entre dos poderes".
"Netanyahu está claramente tratando de utilizar su poder político para librarse de sus problemas legales", agregó Oren, en referencia a los juicios por corrupción que enfrenta el Mandatario, acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza.
Precisamente los juicios contra el Primer Ministro fueron el detonante de una recomendación este martes por parte de la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, para revocar una ley aprobada en marzo de este año que blinda a Netanyahu de la posibilidad de ser recusado o declarado no apto para ejercer las funciones propias de su cargo.
Aquella ley fue vista en su momento como una reacción ante los temores de que el Supremo pudiera obligar a dimitir al Mandatario por conflicto de intereses, al ser el líder de una coalición de gobierno que promueve una drástica reforma judicial mientras afronta varios cargos de corrupción.
Baharav-Miaria señaló hoy que se trató de "un uso indebido de la autoridad de la Knéset para mejorar la situación personal del primer ministro y permitirle operar desafiando la decisión del tribunal".
