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Una mirada a las cárceles ecuatorianas: Cuatro claves para entender cómo se opera al interior de sus prisiones

Más de 460 reclusos han muerto dentro de los centros penitenciarios, que han sido dominados por las bandas criminales que incluso cobran por protección a detenidos por otros delitos.

17 de Enero de 2024 | 15:40 | AFP / Equipo Multimedia Emol

Convertidas en centros de operaciones de bandas criminales, refugios opulentos, teatros del horror y depósitos de cadáveres. Dentro de las cárceles de Ecuador el narco gestó un infierno, que también se ha terminado por extender a las calles.

La fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la mayor banda narco del país conocida como Los Choneros, volvió los ojos sobre el frágil control del sistema penitenciario, donde luchas entre agrupaciones dejan más de 460 reclusos muertos desde 2021.

Envuelto en una ola de violencia, Ecuador superó en 2023 sus récords de incautación de droga y asesinatos: 220 toneladas y una tasa de homicidios de 46 cada 100.000 habitantes.

Estas son cuatro claves para entender cómo las cárceles de Ecuador terminaron bajo el poder de las mafias y el régimen de terror que imponen dentro de ellas.

    Alianzas entre reclusos con policías y lujos

  • Se ha establecido una alianza entre reclusos y algunos policías. Este intercambio de información se realiza a cambio de privilegios en las cárceles, desafiando "códigos mafiosos" que prohíben la delación.
  • Esta colaboración ha fracturado códigos como el de no delatar, intensificando las rivalidades entre distintas bandas en el ámbito carcelario.
  • Jorge Núñez, antropólogo ecuatoriano de la Universidad de Amsterdam, considera que líderes como Fito y Rasquiña (ex líder de Los Choneros, asesinado en 2020) son "Frankensteins del Estado, son el producto del Estado y el narcotráfico".
  • Imagen del fugado narcotraficante Adolfo Macías, "Fito". | AFP

  • Dentro de las cárceles, se han reportado lujos como suites, discotecas, piscinas y hasta peleas de gallos.
  • Fito incluso grabó un videoclip en su honor dentro de la prisión, huyendo poco antes de un traslado a una instalación más segura.
  • Núñez destaca que, aunque estos individuos provienen de economías ilegales, su poder se consolida al tener contacto con la inteligencia policial.
  • Corrupción desatada

  • La exdirectora de rehabilitación social, Alexandra Zumárraga, destaca que otorgar poder a una policía corrupta para controlar los accesos a las prisiones ha debilitado aún más el sistema carcelario.
  • Se menciona el caso "Metástasis" como ejemplo, evidenciando las conexiones del narcotraficante Leandro Norero (fallecido en 2022 en prisión) con políticos, jueces, policías, fiscales y un exdirector del órgano encargado de las prisiones (SNAI).
  • Durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), se eliminó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargado de administrar las cárceles.
  • Reclusos durante una toma en la cárcel de Turi en Cuenca. | AFP

  • Fue entonces cuando se creó el SNAI, que, a pesar de estados de excepción permitiendo su militarización, no ha logrado frenar la violencia carcelaria.
  • Según Zumárraga, estos cambios favorecieron la cercanía entre la policía y las mafias narcodelictivas, aumentando la corrupción.
  • La experta afirma que el Estado "perdió totalmente el control de las cárceles", llegando al punto en que ni siquiera los guías penitenciarios tenían acceso.
  • En más de una decena de masacres, la Fiscalía no ha investigado a aquellos que facilitan la entrada de armamento, como modernos fusiles, granadas y municiones.
  • Una cuestión de supervivencia

  • Ingresar a una cárcel ecuatoriana puede resultar ser una sentencia de muerte, también para aquellos con delitos no vinculados al crimen organizado.
  • Para sobrevivir, estos reclusos se vinculan a bandas que controlan los patios de las cárceles, marcándose con los tatuajes que las identifican.
  • La violencia y las matanzas son comunes en las prisiones ecuatorianas, ubicándose entre las peores de Latinoamérica.
  • En algunas masacres, personas que habían recuperado el derecho a libertad fueron asesinadas antes de que las autoridades emitieran el documento para salir de la cárcel.
  • Fuente: SNAP | Infografía: AFP

  • Personas no condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terminan muertas en estas acciones violentas debido a que deben "afiliarse" a algún grupo.
  • La lentitud del sistema judicial contribuye al hacinamiento ya presente en las cárceles.
  • Según Jorge Núñez, quien estudia las cárceles ecuatorianas desde 2004, para mantener un nivel de "seguridad" relativa, los prisioneros o sus familias deben abonar aproximadamente 240 dólares mensuales a las bandas.
  • Dentro de las cárceles, las organizaciones amplían sus economías ilegales al reclutar nuevos miembros y recibir estos pagos por "seguridad".
  • Cárceles militarizadas

  • Ante la embestida del narcotráfico, el presidente Daniel Noboa declaró el "conflicto armado interno".
  • Ecuador, antes considerado una isla de paz entre Colombia y Perú, ha enfrentado un aumento significativo en las organizaciones narcotraficantes, pasando de cuatro en la década de 1990 a más de 20 en 2023.
  • Estas organizaciones están vinculadas a carteles mexicanos, colombianos y balcánicos, según la presidencia.
  • El presidente calificó a las bandas criminales como "terroristas" y desplegó miles de militares para combatir el narcotráfico.
  • La policía y el ejército intervienen la cárcel de Esmeraldas. | EFE

  • Se implementó la militarización de cárceles y barrios empobrecidos como parte de las medidas contra el narcotráfico.
  • Imágenes muestran a presos desfilando semidesnudos, con las manos atadas y rodeados de soldados, generando preocupaciones sobre garantías de los derechos humanos.
  • De acuerdo a Núñez, la militarización, basada en experiencias regionales, puede resultar en más violencia y afectar principalmente a la ciudadanía común.
  • Daniel Noboa, comparado con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, planea construir cárceles en su estilo y contratar servicios de la misma empresa, lo que genera escrutinio de organizaciones de derechos humanos respecto al respeto de las garantías fundamentales de los presos.
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