El secuestro en Chile del ex militar venezolano
Ronald Ojeda sigue dando que hablar. Mientras los organismos nacionales continúan la búsqueda de este refugiado político, son varias las hipótesis que se manejan en torno a su rapto, y una de ellas tiene que ver con
la presunta participación de organismos de inteligencia que obedecen al régimen de
Nicolás Maduro.
Desde la disidencia venezolana -principalmente el detective y ex preso político Iván Simonovis- han apuntado directamente a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de estar detrás de este ilícito, lo que fue desmentido por el diputado y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, considerado el "número dos" del chavismo.
"Por ahí anda una versión que descubrió Simonovis (…) Él dice que, escuchen estas historias, que un comando de la DGCIM fue a Chile -saquen la cuenta cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago de Chile-, secuestraron a un tipo allá y se lo trajeron de Chile para acá. Y pasaron por todos los países que había que pasar hasta aquí y nadie se enteró", indicó el dirigente en su programa televisivo "Con el mazo dando".
No es primera vez que se involucra a la DGCIM en un hecho como este. Personeros opositores aseguran que miembros de este cuerpo encabezaron la detención de la activista Rocío San Miguel, acusada de -al igual que Ronald Ojeda- de formar parte del llamado plan "Brazalete Blanco", una supuesta conspiración denunciada por el Gobierno venezolano que buscaría asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Además, son varias las denuncias de organismos de derechos humanos y de la propia ONU, que aseguran que esta institución ha estado detrás de una serie de vejámenes y detenciones irregulares.
El "escudo protector" de la Fuerza Armada
Desde 1957 que las Fuerzas Armadas venezolanas cuentan con un organismo de inteligencia. Su germen es el Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (SIFA), que en 1974 tomó el nombre de "Dirección de Inteligencia Militar" (DIM). Tres años después, la entidad se elevó a la categoría de "Dirección General de Inteligencia Militar" (DGSIM).
Su transformación a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ocurrió en 2011 durante el gobierno de Hugo Chávez. Según explica la propia entidad en su sitio web, "debido a las nuevas definiciones de la doctrina militar fundamentadas en el trabajo del grupo de tarea 'libertad' se determinó que estas deben estar separadas; pues su misión, objetivos, funciones y doctrinas son diferentes, evolucionando hacia un nuevo y moderno centro de procesamiento de Inteligencia, adecuado a los nuevos retos en cuanto a Tecnología y procesamiento de información".
Su misión, afirma la entidad, es "ejecutar operaciones de contrainteligencia que
impidan, corten y prevengan las actividades de espionaje e inteligencia enemiga; así como contribuir con la investigación penal en el ámbito militar y civil para garantizar la protección del Comandante en Jefe y la seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)".
Este objetivo, asegura la DGCIM, se logra mediante "el mantenimiento del apresto operacional, el fortalecimiento de la disciplina, la seguridad de la información y el correcto uso de los procedimientos militares que permitan la mejor conducción, establecimiento, formación y ejecución del trabajo de contrainteligencia logrando el fortalecimiento de la Seguridad y Defensa Integral de la Nación".
Es así como la entidad se autodefine en sus redes sociales como el "escudo protector" de la FANB. En ese sentido, también se propone ser "el órgano de la contrainteligencia militar ejemplo y referencia para los países aliados y el resto del mundo por su alta eficiencia calidad y excelencia en el cumplimiento de su misión, en la aplicación de técnicas operativas y en el uso de las más avanzadas tecnologías".
Formada mayormente por especialistas militares, la DGCIM depende del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y es liderada por el mayor general
Iván Hernández Dala. Su mano derecha es el teniente coronel
Alexander Granko Arteaga, quien a su vez es el jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DEA) de la entidad.
Según reporta Infobae, Granko es, junto al general Rafael Franco Quintero, responsable de "haberse iniciado un perverso régimen de tortura entre la DGCIM, la administración de justicia militar y el servicio médico forense".
Denuncias
Según diversos medios y agrupaciones opositoras, durante el régimen de Maduro el DGCIM ha tomado un poder sin precedentes, al punto de que, aseguran, el Mandatario venezolano confía más en el accionar de este organismo que en la misma Fuerza Armada.
No obstante, hay una serie de denuncias contra esta entidad de inteligencia. Recordado es el caso del doctor colombo-venezolano José Alberto Marulanda, quien en mayo de 2018 fue detenido por miembros de la DGCIM. De acuerdo con su familia, este connotado cirujano y profesor universitario fue torturado durante días e imputado ante un tribunal militar por "instigación al odio y traición a la patria", según reportó en ese momento el diario colombiano El Tiempo.
Según el citado medio, todo se debió a la relación sentimental que el médico sostuvo con la capitana venezolana
Emmy da Costa, acusada por el chavismo de tramar un alzamiento militar contra Nicolás Maduro. La uniformada logró huir, no así el doctor Marulanda, quien producto de las torturas
perdió la audición en el oído derecho y la sensibilidad en sus pulgares. Fue liberado en 2020.
Otro caso icónico es el de Rafael Acosta Arévalo, capitán retirado de la Marina que, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, fue "desaparecido y torturado" en junio de 2019 por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la DGCIM. El uniformado falleció, según el organismo, mientras esperaba ser enjuiciado por una supuesta implicación en un complot contra Maduro.
"La información pública disponible indica que Rafael Acosta Arévalo fue víctima de desaparición forzada desde el 21 de junio, hasta el 26 de junio, fecha en que las autoridades venezolanas anunciaron su detención. Según un oficio del expediente, los funcionarios de la DGCIM le habrían llevado a un hospital el 28 de junio, pero horas después fue presentado, mientras agonizaba, ante un tribunal militar para imputarle cargos a pesar de su condición de retiro de las Fuerzas Armadas", afirmó Amnistía Internacional.
De acuerdo con la ONG,
Acosta Arévalo falleció el 28 de junio de 2019 en la sala donde se llevaría a cabo la audiencia judicial, "sin recibir atención médica en los momentos previos a su muerte".
El caso de Acosta motivó al Gobierno de Estados Unidos -entonces liderado por Donald Trump- a sancionar a la DGCIM en julio de 2019. "El Tesoro tiene la determinación de terminar con el trato inhumano del régimen de Maduro a opositores políticos, civiles inocentes y militares, que es empleado para reprimir el disenso", manifestó el entonces secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
En esa línea, la Casa Blanca ordenó el bloqueo de todos los bienes y participaciones en bienes de la DGCIM que se encuentren en EE.UU. o en poder o bajo el control de personas estadounidenses.
La decisión de EE.UU. fue tomada después de un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. -entonces dirigida por la ex presidenta Michelle Bachelet-, en el que describe diversos métodos de tortura utilizados por miembros de la DGCIM para obtener información y confesiones de los detenidos.
Un nuevo informe de 2022 elaborado por esta oficina de la ONU aseguró que los organismos de inteligencia de Venezuela "funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para
reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad".
En esa línea, la misión observadora de la ONU aseguró que documentó 122 casos de víctimas detenidas por la DGCIM, "de las cuales 77 fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes".
La tortura, afirmó, se llevó a cabo en su sede "La Boleíta", en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.
Ahora, la DGCIM vuelve a estar en boga.
