Una nueva acusación envuelve al Gobierno de Nicolás Maduro. La Misión Internacional Independiente de la ONU aseguró que el régimen está reactivado "la modalidad más violenta de represión", con una nueva ola de detenciones a sus opositores, a los que se le acusa de supuestas conspiraciones para acabar con la vida y régimen del mandatario bajo la "Operación Brazalete Blanco".
Este miércoles, la presidenta de la misión, Marta Valiñas, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un nuevo informe sobre abusos cometidos por el Gobierno de Maduro en Venezuela desde 2023.
En este informe destacó que "las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno". Además indicó que pasó de una fase menos represora, en la que el régimen se limitaba a crear "un clima de temor e intimidación", a un periodo más violento "que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio".
Como contexto, Valiñas resaltó que en enero de 2024 Maduro pidió "activar la Furia Bolivariana" tras asegurar que el año pasado habían desactivado cuatro conspiraciones en su contra, y que la Fiscalía General dio a conocer la "Operación Brazalete Blanco", una de los supuestos intentos por acabar con el presidente venezolano, lo que se tradujo en la expulsión de 33 militares y la detención de opositores al régimen.
Además mencionó a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, quien fue detenida sin orden judicial y permaneció desaparecida por cinco días, "hasta que las autoridades informaron de que se encontraba detenida en El Helicoide, uno de los centros de tortura documentados por la misión", a la que luego se le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país.
También recordó el acuerdo de Barbados, donde se estableció que la oposición podría concurrir a las elecciones, o las suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia de las primarias, en las que triunfó por una amplia mayoría, la opositora María Corina Machado, y la ratificación por la misma instancia de justicia de su inhabilitación política de 15 años, el 26 de enero.
"Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", subrayó Valiñas.
Venezuela responde
Nuevamente, la delegación venezolana rechazó, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las conclusiones de la misión e incluso la legitimidad de ésta, creada en 2019 por el propio consejo para investigar abusos de derechos humanos en el país.
"Estados Unidos, el mayor violador de derechos de toda la historia, la Unión Europea y el fracasado Grupo de Lima diseñaron este mecanismo (la misión) con el propósito de aplicar la máxima presión sobre Venezuela, manipulando los instrumentos y fines de este Consejo", aseguró un representante de la delegación.
"Pretenden revestir como verdades absolutas todas las barbaridades fabricadas contra Venezuela sin verificación ni prueba sostenible", agregó en alusión al trabajo de una misión que a su juicio "apela a fuentes anónimas e incluso inventadas".
Por su parte, el Gobierno de Venezuela tildó de mentiras y "acusaciones infundadas" las declaraciones de la "ridícula" Misión Internacional Independiente de la ONU.
Fue mediante un comunicado, por donde el Ejecutivo rechazó, "de manera contundente" las declaraciones "emitidas por la falsa y vergonzosa" misión en la presentación de un nuevo informe, con el que -a su parecer- el mundo "ha sido testigo hoy de una de las páginas más vergonzosas en materia de derechos humanos".
De esta manera, la administración de Maduro acusó a la misión de emitir "juicios parcializados con fines meramente políticos" y de ser "cómplice de sectores extremistas que han promovido sanciones inhumanas a Venezuela" y que, "reiteradamente, han exhibido planes de asesinar" al mandatario y "causar caos y destrucción a su pueblo".
Por tanto, el Gobierno chavista instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a "desestimar cualquier argumento amañado de dicha misión, que no ha pisado" el país y que "utiliza métodos poco profesionales para presentar un panfleto partidista que debe ser rechazado de manera categórica".
Finalmente manifestaron que "Venezuela no acepta ni aceptará ninguna medida que se desprenda de este adefesio, presentado ante un Consejo que nada ha hecho por detener el genocidio al pueblo palestino", reiterando su compromiso con la "promoción, respeto y protección" de los DD.HH. "como un valor supremo".
