Soldados del movimiento M23.
AFP
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes la creación de una comisión independiente que investigará, determinará los hechos y reunirá pruebas de los crímenes que se están cometiendo en dos provincias del noreste de la República Democrática del Congo (RDC), que acusa a Ruanda de estar detrás de esta nueva espiral de violencia.
En los combates en Kivu del Sur y Kivu del Norte se enfrentan el Ejército congoleño y el grupo armado M23, que tiene el apoyo de Ruanda.
La decisión en el órgano de la Naciones Unidas fue adoptada por consenso, sin tener que ser sometida a votación porque el país donde se deben realizar las investigaciones ha sido el mismo que ha pedido que se establezca esta instancia.
El conflicto, que entró hace dos semanas en una nueva fase de violencia extrema, ha costado la vida en este breve periodo a al menos 3.000 personas y causado heridas a otras 2.900, según las informaciones más recientes que llegan del terreno.
La comisión aprobada el viernes tendrá la misión de reunir y analizar las pruebas de crímenes, incluidos los que se están cometiendo específicamente contra mujeres y niños, que son víctimas de violencia sexual, esclavitud sexual y reclutamiento forzoso, entre otros.
También se le ha confiado investigar si se han cometido crímenes internacionales (como podría ser de guerra o de lesa humanidad) en las más recientes hostilidades.
La sucesión de actos violentos ha llevado al
desplazamiento forzado de 700.000 personas recientemente, lo que eleva a 6,7 millones el número total de civiles desplazado por la fuerza.
Muchos de ellos están siendo forzados a retornar a sus lugares de origen "sin garantías de seguridad, ni acceso a los servicios más básicos", denunció durante la sesión el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.
La jefa de la Misión de la ONU para la Estabilización de la RDC, Bintou Keita, dijo en la misma reunión que el alto al fuego unilateral anunciado por la Alianza Río Congo (coalición político-militar congolesa) y el M23 (el brazo armado del primero) "no duró ni un día" y alertó del riesgo de que el conflicto se extienda geográficamente.
Keita planteó que se reanuden las negociaciones diplomáticas entre la RDC y Ruanda para salir de esta situación.
Presente en la sala, el ministro de Comunicación de la RDC, Patrick Muyaya, sostuvo que "al apoyar activamente" a los grupos militares que están cometiendo incontables exacciones "Ruanda tiene una responsabilidad directa" en ellas.
Pidió a los países "ejercer una presión internacional sobre Ruanda para que detenga de inmediato su apoyo a los grupos armados y se retire de territorio congolés".
Para el embajador de Ruanda ante la ONU en Ginebra, James Ngango, las causas del conflicto son muy diferentes y consideró que la más importante es que la RDC permita la presencia en su territorio del grupo armado FDLR que cometió el genocidio de 1994 en su país.
Ese grupo -afirmó- representa "una amenaza existencial para la seguridad de Ruanda" y es también responsable de que algunas comunidades tutsi que hablan el kinyarwanda (principal lengua hablada en Ruanda) sean marginadas en la RDC.
El diplomático sostuvo que tras la caída de Goma bajo el control de la Alianza Río Congo y el M23 han surgido supuestas pruebas de que se preparaba "un ataque a gran escala" contra Ruanda y que su país "no esperará a que esa amenaza se materialice".
